Cárcel no resuelve criminalidad

Silvia Monturiol F
smonturi@una.cr

Víctor J. Barrantes C.
vbarrant@una.cr/CAMPUS

Los especialistas coinciden en que las personas privadas de libertadas son excluidas, rechazadas y marcadas por la sociedad cuando dejan la cárcel.

¿Por qué se da la criminalidad?, ¿qué lleva a una persona a delinquir?, ¿cómo se previene la delincuencia?, ¿es el aumento en la represión una respuesta? ¿puede realmente el privado de libertad reinsertarse a la sociedad? Son muchas las preguntas ...como diversos los abordajes. Para tratar de explicar este problema el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional (UNA) organizó la mesa redonda: Reinserción social y el papel de los centros de atención institucional, el pasado 20 de octubre, en la Sala de Conferencias Facultad de Ciencias Sociales, con la participación de varios especialistas.

Reynaldo Villalobos Zúñiga, director de Adaptación Social, asocia la criminalidad con deserción escolar, exclusión, e inequidad social, y no considera que sea con más cárceles y represión como se resuelve el problema. Por el contrario, plantea "volver los ojos" al fortalecimiento de los programa sociales del estado, como por ejemplo aquellos que generan más oportunidades de empleo, acceso a la educación y otros que contribuyan a reducir la exclusión.

"Al ritmo en que se reciben privados de libertad en el sistema penitenciario costarricenses, habría que construir una cárcel cada seis meses para atender a las más de 600 personas que ingresan", sentenció Villalobos. Por eso insiste en las soluciones que se brinden desde los derechos humanos, tanto para quienes estén en prisión preventiva como para los que han sido condenados. Para ello plantea que se trabaje con programas que garanticen acceso al trabajo, a la educación y que fomenten alianzas con instituciones para que cuando salgan de la cárcel se de una verdadera resocialización (no le gusta el concepto de reinserción social porque los privados están integradas a una institución que es de la sociedad).

Marcados

Sobre la posición de que las personas privadas de libertadas son excluidas, rechazadas y marcadas por la sociedad cuando dejan la cárcel coincidieron Miguel Lobo, director del ICAI, y José Carlos Chinchilla, sociólogo coordinador del posgrado en Administración de Justicia, de la Escuela de Sociología de la UNA.

El problema, argumenta Chinchilla, son las sanciones radicales. "Esta sociedad de consumo nos exige tener la última moda en carros, celulares, etc. para ser ‘alguien’; es decir, hay requisitos sociales que se nos plantean para tener valor en la sociedad y esas metas para "valorar" a las personas son muy altas; sin embargo, a un amplio sector de la población se le cierra los caminos para alcanzar tales metas de una manera legítima, ya que ni siquiera tienen acceso al trabajo".

Lo anterior, añade, hace que las personas busquen vías alternativas que violentan los medios válidos para adquirir los bienes que nos han de convertir en personas integrales plenas, de forma que quienes delinquen no lo hacen por su libre albedrío si no por condicionantes sociales que los llevan a optar por tales vías (narcotráfico, crimen organizado o delitos comunes).

Adicionalmente, Chinchilla considera que por ser la costarricense una sociedad que tiene una altísima concentración de la riqueza (10% de las personas tiene acceso a más de 85% de la riqueza), se generan procesos de exclusión. Y mientras tanto, en las cárceles no se brindan las oportunidades de resocialización a quienes no han tenido oportunidades, lo que sumado a la forma inhumana en que viven los privados de libertad y al el hacinamiento desmedido, ponen al estado a delinquir, por no respetar los derechos humanos.

No considera, por tanto, que reprimir la criminalidad sea la solución, pues no solo no resuelve lo sustantivo si no que fomenta aquella máxima de que la violencia genera más violencia.

La ministra de Justicia y Paz, María Cecilia Sánchez Romero, coincide en que el sistema penitenciario no permite resocializar. Precisó que actualmente hay 13 mil personas recluidas (350 por cada 100 mil) que viven en condiciones precarias: "Algunos duermen en los baños, hay hacinamiento extremo y mala alimentación", ilustró.

Contraria al encarcelamiento masivo, defendió su tesis de que la prisión debe desaparecer. "El modelo carcelario está asociado con el modelo de producción, es un mecanismo de segregación de una clase de personas", dijo, y agregó que la vuelta a esa tendencia de encarcelamiento masivo, ante la incapacidad del modelo económico de dar oportunidades de empleo, mas bien genera una enorme inequidad social.

Destacó que hay un gran número de jóvenes en las cárceles que desertó de los colegios por razones económicas o de consumo de drogas, así como jóvenes de 21 años o poco más que, en algunos casos, eran quienes ganaban el sustento de las familias. "Hay que ir hacia un modelo penitenciario que privilegie el deporte, la recreación, la educación para que cumpla la función de resocialización", sugirió.

UNA Nueva Oportunidad El Proyecto "UNA Nueva Oportunidad: Procesos integrales para la reinserción social a la población privada de libertad en el Centro de Atención Institucional San Rafael de Alajuela", del Centro de Estudios Generales de la UNA, trabaja con privados de libertad de esta institución desde febrero de 2016. El pasado 11 de noviembre, se realizó el acto de graduación y convivio, como cierre de dicho proyecto. La actividad se realizó en el auditorio de la Universidad Técnica Nacional. Se graduaron: 25 privados de libertad en el curso "Resiliencia, convivencia pacífica y formación integral" y cinco más en emprendedurismo. De ellos, cinco vivieron su graduación en libertad y ya están trabajando en sus ideas de negocio fuera del centro penal. A la actividad asistieron 16 privados de libertad. Este proyecto ha capacitado en emprendedurismo a más de 400 privados de libertad y 50 mas en cultura de paz. La iniciativa la desarrollan la Escuela de Administración y el Centro de Estudios Generales de la UNA. La actividad contó con la presencia de aiutoridades de la UNA, del Ministerio de Justicia y Paz, del Centro de Atención Institucional (CAI) y de la Universidad Técnica Nacional (UTN).