País invierte poco en conservar su riqueza

A pesar de generar la mayor parte de divisas para el país producto del turismo, las áreas protegidas enfrentan presiones contra su sostenibilidad debido a la falta de financiamiento y escaso personal.

Laura Ortiz C./CAMPUS
lortiz@una.cr

José Díaz, Jorge Cortez, Wilberth Araya y Josué Sandoval, del Área de Conservación Guanacaste, resguardan el patrimonio natural y cultural de la zona.

El 25 % del territorio costarricense está constituido por distintas Áreas Silvestres Protegidas; en sus entrañas albergan el 5% de la biodiversidad mundial, lo anterior, aunado a su belleza escénica, le generó al país, de acuerdo con el V informe a la Convención de la Diversidad Biológica, aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto para Costa Rica en el 2009.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), es la entidad que administra esta red, y de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Biodiversidad, el Estado debe asegurar, al menos, el personal y los recursos necesarios para su operación e integridad.

En un análisis de la Auditoría General de la República, apoyado por diversos insumos técnicos, de los cuales algunos fueron generados a través de proyectos de investigación del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA) se determinó que la falta de recursos financieros tuvo un efecto desfavorable en al menos un 80% de la mayoría de las zonas en estudio. El análisis abarcó 128 áreas silvestres protegidas.

"Es increíble que un recurso que le genera billones de dólares por año al país, reciba solo alrededor de 100 millones para su funcionamiento. El Estado gustoso recibe todos los beneficios, pero escatima recursos a la hora de devolverle al sistema", dijo Daniel Janzen, cofundador del Área de Conservación Guanacaste (ACG).

Para el investigador, el país se quedó estancado en los 80 y debe buscar propuestas para un biodesarrollo de las áreas protegidas. "No es solo el financiamiento, es contar con una adecuada gestión para su manejo. Aquí desarrollamos un programa de educación donde los niños de las escuelas que rodean el área vienen y pasan el día aprendiendo del bosque, reconociendo que esta es una fábrica de agua y que la sociedad debe recompensarla por ese producto que nos genera".

Las principales fuentes de ingreso del Sinac son las transferencias del Estado y el cobro por la entrada a las áreas silvestres protegidas. Este último rubro se genera en Manuel Antonio, Poás, Irazú, Marino Ballena y Tortuguero, aunque se distribuyen como un recurso solidario.

Con poco

La auditoría también determinó que 86 de las 128 áreas analizadas cuentan con al menos una persona responsable de la gestión, aunque para ese mismo número el personal es insuficiente para atender al menos el 35% de las necesidades de estos territorios.

"En el sector de Quebrada González contamos con seis funcionarios: uno atiende visitación, otro es el encargado de puesto, hay una cocinera y tres compañeros de protección y control que también realizamos proyectos como el de monitoreo de huellas y el mantenimiento de la infraestructura", detalló Róger Loría del Área de Conservación Volcánica Central Braulio Carrillo.

El informe también reveló que la distribución de los recursos humanos disponibles carece de criterios preestablecidos, lo cual origina diferencias significativas en la cantidad de funcionarios asignados. "Tenorio cuenta con cinco funcionarios para 5.530,74 hectáreas, mientras Tortuguero, carece de funcionarios y su extensión territorial es de 5.800 hectáreas".

Conocedores de las limitaciones, los guardaparques de algunas zonas del país aseguran que las amenazas a la biodiversidad son su principal reto. "En Osa la caza y la orería están desangrando la zona, los patrullajes no son suficientes para un área tan grande. Lo que necesitamos es atención integral para estos problemas, que se involucre también a la comunidad", detalló Alberto Pérez del Área de Conservación Osa.

Para José Baltodano, del Área de Conservación Ostional Tempisque, el reto es integrar los actores civiles con los proyectos que se realizan. "Este año se aprobó una ley específica para el Refugio que permitirá que las familias que siempre han estado ahí reciban concesiones, esto nos permitirá mayor trabajo con la comunidad".

"Nuestra amenaza es la erosión costera, hemos tomado medidas paliativas como mover los caminos con la ayuda de las municipalidades y Japdeva, porque las vías de acceso benefician a los guías locales. Logramos trabajar con la comunidad en un modelo de gobernanza en el cual se cobra un peaje voluntario por la entrada al parque, eso lo administra un comité y de ahí hemos logrado contratar 8 o 10 funcionarios que trabajan en playa Blanca", explicó Cristian Brenes del Área de Conservación Amistad Caribe.

"Manuel Antonio recibió el año pasado a 400 mil turistas, no es una amenaza, pero tenemos que tomar medidas para que los turistas tengan acceso a los servicios, y educarlos con respecto a la interacción con los animales", dijo Ólger Núñez del Área Pacífico Central.

Luis Diego Alfaro, investigador del Icomvis-UNA también menciona la extracción de madera, actividades agropecuarias, incendios forestales, pesca, construcciones de infraestructura y turismo no regulados como los principales retos que mencionó el estudio para la protección del recurso.