Juventudes universitarias y procesos de reafirmación territorial indígena
Ariel Foster Pérez, Pablo Soto Cruz (*) luis.soto.cruz@est.una.ac.cr
Como jóvenes debemos entendernos con nuestro pasado, luchar en nuestro presente y construir el futuro. Por eso cuando celebramos el Día de la tierra es necesario reivindicar y visibilizar a los pueblos originarios, así como reflexionar y cuestionar nuestra relación, acción u omisión con la tierra y sus dimensiones.
La tierra nos da más que alimento, nos provee de una identidad, de una localidad, nos da una razón para presentarnos ante el mundo; es decir, nos agrupa en comunidades, como pueblos, como Patria y como Estado Nación. Pero todas estas construcciones están basadas en contradicciones y paradojas producto de la dinámica actual.
Quizás la contradicción más evidente del Estado costarricense es con los pueblos originarios. En Costa Rica cohabitan 8 pueblos indígenas, distribuidos en 24 territorios y delimitados por la Ley 61.72 o Ley Indígena de 1977. Su situación actual va desde la negación de su historia, hasta la apropiación de sus territorios, lo cual es la principal manera de eliminar su pasado y disminuir su significancia en el contexto actual.
A pesar de que dicha ley (artículo 3) indica que las tierras que están dentro de los territorios indígenas son "inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan", un alto porcentaje está en manos de personas No indígenas.
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado costarricense en 1992, es también un instrumento jurídico internacional que afirma los derechos de los pueblos indígenas, con el fin de salvaguardar su identidad y otras características culturales especiales, por ejemplo, la importancia de sus tierras-territorios para sus vidas tanto en lo social y como lo cosmogónico, así como la delimitación de la injerencia de los Estados, al establecer la consulta como mecanismo para cualquier proyecto que afecte de manera directa o indirecta sus formas de vida tradicionales. Sin embargo, no hay forma de aplicar el convenio porque nuestro país carece de un instrumento propio que homologue.
Además, podemos hablar del> proyecto de Ley el 14 352 , presentado hace 20 años, que pretende crear las condiciones jurídicas para aplicar el Convenio 169 de la OIT, y así promover la autonomía de los pueblos indígenas, definir en términos jurídicos qué comprenden estos pueblos por autonomía y cómo desarrollar este modelo de vida.
Nos importa ver cómo la lucha indígena por recuperar la tierra-territorio ha llegado a ser agenda nacional, debido a la inacción histórica del Estado y a la falta de interés por resolver de los gobiernos de turno. Frente a esto, las comunidades indígenas, en desamparo, han tomado la iniciativa de recuperar sus territorios por la vía del hecho. Lamentablemente, como respuesta al ejercicio de sus derechos, los recuperadores han recibido violencia desmedida por parte de los no indígenas, dejando como saldo heridos con arma blanca, arma de fuego y hasta marcados con hierro; persecuciones por montañas, daños psicológicos, materiales y culturales. Es el caso de los graves ataques en Salitre, Cabagra y Térreba.
El sur arde, y que hacemos. ¿Arrinconarnos en nuestro estado de confort e insensibilidad democrática?
La recuperación de tierra-territorio se plantea como la acción ética para la vida, porque simultáneamente vienen procesos de cultivo de la tierra, de recuperación de idioma y reafirmación cultural. Pero lo que jamás puede ser justificado es la violencia con la que actúan los terratenientes y usurpadores no indígenas, y la impunidad que gozan. Estos actos reflejan el racismo que vivimos, pues parece que la justicia sólo muerde a quienes caminan descalzos.
Las instituciones que debieron intervenir para garantizar la seguridad, principalmente la Fuerza Pública, han sido incapaces de garantizar la tranquilidad de las personas indígenas en sus territorios. Si bien se han emprendido investigaciones y se han identificado sospechosos, con las capacidades que ostenta el Poder Ejecutivo se puede hacer mucho más, y no hacerlo es una omisión que afecta los Derechos Humanos de poblaciones enteras.
Es necesario una verdadera intervención policial preventiva, hacer sentir la presencia del Estado y todas sus instituciones. Pero, además, un correcto actuar en medio de un escenario multicultural, para que la acción policial vaya más allá de la presencia, y se comprenda la vivencia y la existencia de la mano de una práctica coherente en Derechos Humanos.
Lo anterior es solo un complemento de la solución real. Este conflicto territorial, no es puntual ni reciente; tiene una larga trayectoria y se generaliza a los 24 territorios. style='La recuperación no debe seguir bajo el desamparo estatal; la autoridad y potestades del estado deben ponerse en práctica, pues ante la ausencia de justicia y autoridad, los ocupantes ilegales han ejecutado medidas que atentan contra la integridad humana.
Es necesario reflexionar sobre nuestras acciones u omisiones, tanto desde la individualidad como de la colectividad. El movimiento estudiantil de la UNA estará siempre dispuesto a ser proactivo en la búsqueda y ejecución de soluciones; a ser un cuerpo de paz en la solución de estos conflictos, pero también a demandar justicia.
Los pueblos indígenas de nuestra tierra podrán contar siempre con nosotros, como compañeros en la gran tarea de convivir en nuestra patria, de hacer cumplir sus derechos y aprender de su cultura, para disfrutar nuestra diversidad cultural.
(*) Estudiantes de Cienicas Ecuménicas de la Religicón y Relaciones Internacionale-UNA, respectivamente.