Proponen reforma constitucional para combatir corrupción

Redacción y Danilo Pérez / para CAMPUS
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María Eugenia Román, Danilo Pérez y Walter Antillón durante la mesa redonda sobre impunidad y reforma del Poder Judicial.

La corrupción que vive el país desde hace décadas, la impunidad ante actos claramente delictivos, y la caducidad de un viejo sistema que no garantiza la independencia a la hora de escoger jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha llevado a expertos a plantear una propuesta de cambio constitucional que busca una profunda transformación de la estructura y organización del Poder Judicial. El proyecto de ley ya se encuentra en la corriente legislativa.

María Eugenia Román, abogada y asesora legislativa del Frente Amplio, y Walter Antillón, abogado, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica (UCR) y uno de los expertos constitucionalistas que redactó este proyecto, expusieron, el pasado 31 de octubre, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA), los alcances de la propuesta, durante la mesa redonda La impunidad en casos de corrupción y la necesaria reforma legal para garantizar la independencia del poder judicial.

Según la especialista, quien actualmente aspira a una diputación de su partido por la provincia de Heredia en las próximas elecciones, la corrupción se vincula con un viejo entramado de los sectores políticos dominantes que utilizan los puestos públicos para beneficio personal. Esta corrupción—agrega—ha deformado y prostituido los fines de servicio social de las actividades por parte quienes fueron nombrados en la función pública, en perjuicio de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La abogada manifestó que la corrupción, expresada en figuras delictivas como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho, entre otros, ha sido una práctica sistematizada en el país, en la cual los grupos económicos y políticos dominantes, expresados inicialmente en el bi-partidismo, se han turnado para acceder y aprovechar los bienes y recursos del Estado. De allí la importancia del control político, que se realiza en la Asamblea Legislativa.

Román ilustró, con casos específicos de corrupción, cómo la impunidad de los grupos aferrados al poder, les ha permitido valerse, durante los últimos 40 años, de mecanismos legales y políticos para evadir las responsabilidades legales y seguir depredando los bienes públicos. En la lista figuran los CATS (1973), el desfalco al Fondo Nacional de Emergencia (1984), la Ley de Fomento Agropecuario (1987), y otros más recientes como los casos de ICE-Alcatel, Caja-Fischel, Infinito Gold Crucitas, Carretera San Ramón-OAS, Papeles de Panamá y el escándalo del cementazo hoy en día.

La propuesta

Actualmente la escogencia de las magistraturas del Poder Judicial la hace la Asamblea Legislativa y, según la crítica, estos nombramientos tiene que ver más con afinidades e intereses político–partidarios que con su formación académica, capacidad profesional e independencia judicial. El proyecto de ley N° 20472 “Reforma de los artículos 121 inciso 3), 152, 154, 156. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 y 167 de la Constitución Política”, cual busca modificar los mecanismos y responsables para nombrar las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como modificar la estructura y organización del Poder Judicial.

Esta reforma, a criterio de Walter Antillón, cobra sentido en un contexto en donde las constituciones de Costa Rica no garantizan la independencia de jueces y magistrados, por haber adoptado el viejo modelo napoleónico, que ahora resulta inadecuado, pues en los últimos tiempos las cúpulas políticas doblegaron a la Corte y precipitaron la crisis que hoy padecemos. “Ni Costa Rica ni Latinoamérica han logrado liberarse del modelo napoleónico en su verticalidad, y por ende el problema se mantiene”, aseguró.

La reforma constitucional propuesta pone en manos de un Consejo el nombramiento de todos los jueces para evitar la intervención politiquera de los diputados. Un juez independiente, afirma Antillón Montealegre, es imprescindible para controlar el uso abusivo del poder político y parar estas tendencias corruptoras. Caso contrario, la existencia de sometimiento jerárquico interno y la vinculación de los magistrados con los sectores políticos dominantes, crean entre ellos una comunidad de intereses que los lleva a la corrupción, impunidad, deficiencia y despilfarro.

El proyecto presentado se distancia del modelo napoleónico y se acerca a varias modelos europeos vigentes, y puso como ejempo el caso italiano, que en su opinión, es uno de los más exitosos, tras aprovechar una coyuntura favorable: la derrota del fascismo. Esto permitió a las fuerzas de izquierda formular y aprobar un modelo donde los jueces y fiscales disponen de mayor independencia.

Ante la fragilidad de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica, dado el embate de los poderes institucionales y fácticos, en la propuesta se establecen los mecanismos y los responsables de nombramientos, ascensos, traslados, y otros trámites, que estarían a cargo de un órgano independiente de los poderes. En el nuevo modelo destaca la participación del Colegio de Abogados, las universidades y los jueces elegidos por sus compañeros en la integración del Consejo. Se reduciría así el peso de la Asamblea Legislativa en el gobierno del Sistema Judicial.

Desechó las críticas al supuesto corporativismo que algunos sectores achacan al proyecto, pero admite que esta propuesta se enfrentará a las tendencias neoliberales globalizantes que tienden a debilitar los estados nacionales y a fortalecer la influencia del empresariado corrupto y la derecha internacional. Sería un avance, sentencia, pues significa arrancar el poder a los sectores oligárquicos.

Como moderador, actuó Danilo Pérez Zumbado, académico jubilado de la UNA, de amplia trayectoria en la reflexión crítica sobre la realidad costarricense.

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    Diciembre 2017 - Año XXVII # 293

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