El gobierno: entre situaciones críticas y acciones realizadas

Laura Brenes, Carlos Carranza y Claudia Palma (*) para CAMPUS
claudia.palma.campos@una.cr



Uno de los principales ejes de la acción gubernamental giran en torno a la infraestructura, un tema con avances en construcción, mejoras en carreteras, pero con limitadas acciones por falta de más recursos. La ruta 257, que conecta la ruta 32 con la terminal de contenedores de Moín es un ejemplo construcción de carretera.

Este es un buen momento para hacer una pausa y mirar el desempeño de la Administración Solís Rivera, a muy poco tiempo de sentir el peso de la campaña electoral 2018-2022. En primera instancia, los principales ejes de la acción gubernamental giran en torno a la infraestructura, un tema con avances en construcción, mejoras en carreteras, pero con limitadas acciones por falta de más recursos; un ejemplo de esto sigue siendo la necesidad de reorganización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La educación ha mejorado con ritmo sostenido, se ha dado un aumento de hasta 212% de inversión en infraestructura entre el 2014-2016, lo cual posibilita alcanzar a más población y esto pese a los daños reportados en al menos 350 centros educativos durante la tormenta Nate. Como nota distintiva, se sigue dando un esfuerzo desde el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) que permita aminorar la posibilidad de delitos comunes, con la presencia de policías y unidades móviles. Sin embargo, no se puede negar el aumento de la violencia sistemática y robos que deja ver la presencia del crimen organizado, lo cual se está convirtiendo un nuevo tema de agenda nacional.

Se debe anotar un enfoque asertivo en los temas de política social, ya que se ha dado una constante y sostenida reducción de la pobreza, donde la extrema pasó de 6,3% a 5,7% y la multidimensional de 20,5% a 18,2%. Esto se traduce en un esfuerzo para atender a la población que se encuentra en diversas situaciones de exclusión, desde vivienda hasta alimentaria, a la vez que su vida diaria se vulnerabiliza al estar más expuesta a los desajustes sociales.

Si bien el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ha mantenido esfuerzos para el logro de las políticas ambientales, hay dos aspectos relevantes. El primero es la vigilancia de situaciones como Crucitas, que no sólo lleva implícito el impacto ambiental, sino el social y migratorio. El segundo se relaciona con la Ley de Aguas, aprobada no sin presión y crítica de los sectores ecologistas y otros grupos, y sobre el principio del valor económico y acceso al recurso hídrico.

En la política exterior se da una presencia activa de Costa Rica en distintos foros, con una mirada hacia la Cuenca del Pacífico; además se mantiene la postura de no reconocer gobiernos de facto o fraccionamientos de Estados, como por ejemplo el caso catalán. Sin duda el país sigue la línea de la diplomacia europea, donde no es tema menor por la cantidad de focos independentistas existentes, pero que animan la discusión sobre el derecho de autoderminación de los pueblos, también explícito en el Convenio 169 de la OIT.

El tema del déficit fiscal no ha podido ser superado por el gobierno ni por la Asamblea Legislativa, donde pareciera que esta última hace caso omiso del impacto económico, social y político de la ausencia bienes y liquidez, junto al aumento de deudas. Esto se repite en términos macro del Estado como en la vida cotidiana de las personas, con altas deudas de crédito. Contrasta el énfasis dado a la polémica “inversión” de los préstamos del BCR, que ha comprometido a su cúpula, una seguidilla de personajes y a los tres poderes del Estado. Se visibiliza una red de presiones que dejan suponer la también influencia en las decisiones importantes para el bienestar del país, como el plan fiscal. Destacable la actuación de la Fiscalía General asumida por Emilia Navas, que apunta al incumplimiento de deberes y a la falta de una ética pública y procesos de enriquecimiento ilícito.

El deterioro del Poder Judicial es evidente. Esta institución es uno de los símbolos de confianza en el país y ha venido perdiendo apoyo y credibilidad, más cuando se analiza la forma en que desde la Corte Plena, existen pugnas para la definición de puestos de magistrado o Presidente de la Corte. El último caso del antiguo fiscal Jorge Chavarría y el exmagistrado Celso Gamboa, ponen en duda la neutralidad que debe tener este Poder y por supuesto, en condición de vulnerabilidad a la población en general.

Finalmente, se hace notar el fuerte impacto de un discurso conservador venido de agrupaciones religiosas, y del cual la iglesia católica, no flaco poder, ha hecho eco para hacer presión sobre decisiones de gobierno fundamentales para la educación y la sensibilización de la población. Bajo un pobre discurso que enarbola algo que llaman “ideología de género”, se han hecho escuchar más que las posturas oficiales de velar por el cumplimiento de los derechos humanos sobre la equidad. Ahora atacan las relaciones afectivas, mañana dirán que la violencia contra las mujeres no existe. Falta una postura más firme que recuerde que aún estamos en deuda en temas de matrimonios de convivencia, fecundación in vitro, y claro, la pobreza y la violencia sistemática que viven las mujeres y la niñez.

(*) Programa de Coyuntura, Escuela de Sociología.

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    Diciembre 2017 - Año XXVII # 293

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