El valor de los servicios de biodiversidad en la política pública
Mary Luz Moreno Díaz (*)
Mary.moreno.diaz@una.cr
Las funciones ecológicas que se generan en los ecosistemas, una vez que benefician personas directa o indirectamente se transforman en servicios. Es en este sentido que los servicios ecosistémicos pueden definirse como los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas y pueden ser divididos en cuatro grandes grupos: servicios de soporte, de provisión, de regulación y culturales.
Entre estos servicios están, por ejemplo, la provisión de peces, de agua, de madera, la belleza escénica para el turismo, la protección contra las tormentas, entre otros. Muchos de los usuarios de la biodiversidad no son conscientes del valor que tiene para ellos su existencia.
Lo que sí es claro, según la Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030, es que una de las causas indirectas de la degradación y pérdida de los recursos naturales y sus servicios es la falta de sistemas de valoración económica y no económica adecuados.
La valoración económica es una herramienta metodológica que permite aproximar el valor que tiene para la sociedad la existencia de los ecosistemas y de sus servicios. Con lo anterior, se le asigna un valor a estos activos y sus servicios que no cuentan con precios en el mercado, posibilitando la toma de decisiones para su gestión y manejo.
Los procesos de valoración económica de los servicios ecosistémicos deben estar respaldados por análisis adecuados de las diferentes relaciones entre los servicios y los usuarios y de los posibles impactos resultantes de estas relaciones.
En Costa Rica se han generado gran cantidad de documentos relacionados con la aplicación de metodologías de valoración, que pueden ser divididos en cuatro grupos, relacionados con los servicios prestados: por los bosques, por ecosistemas de lagunares y manglares, los que poseen áreas silvestres protegidas y aquellos que cuantifican el daño ambiental.
Esta gran cantidad de esfuerzo en recursos humanos y financieros para la realización de los estudios ha generado, a través de los años, un importante conocimiento sobre los costos sociales y económicos de la degradación y la biodiversidad y sus posibles repercusiones en las actividades económicas e incluso sociales. Sin embargo, han tenido muy baja incidencia en la política ambiental nacional.
Esto ha venido cambiando y en los últimos años se han oficializado instrumentos de política que contemplan la valoración económica, entre ellos están: la Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030, la Política Nacional para el Pago por Servicios Ambientales, la Política Nacional de Humedales 2017-2030, la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
En muchos de estos instrumentos todavía no está claro cómo se implementarán los lineamientos relacionados con valoración económica ni cómo se complementará los resultados obtenidos para este tema con los diferentes instrumentos.
(*) Académica Cinpe-UNA.