El movimiento de lucha contra ALCOA:
bastante aludido y poco conocido
(1969-1970)

José M. Cerdas Albertazzi / para CAMPUS (*)
jmcerdasa@gmail.com

Para una parte de la generación que vivió la movilización contra el contrato de ley entre el Estado costarricense y la corporación estadounidense del aluminio, ALCOA, tales acontecimientos han sido un punto de referencia identitario. Las subsiguientes generaciones los ignoran, o bien, los han conocido de manera bastante parcial y distorsionada, mediante una recreación que de la misma han hecho los medios o la tradición oral, la cual se restringe, básicamente, al último día de manifestaciones frente a la Asamblea Legislativa y, específicamente, a los enfrentamientos entre un sector de los manifestantes y la policía. Es decir, se ha tendido a destacar los aspectos llamativos y de violencia que ocurrieron en la tarde-noche del viernes 24 de abril de 1970, opacándose así los reales alcances de todo el movimiento. En cierta medida esto sucede porque, aunque aquellos acontecimientos han sido bastante aludidos, paradójicamente han sido ignorados en la investigación social. Sólo un documental y algunos testimonios de publicación restringida rompen con esta falta de esclarecimiento.

Las tres grandes manifestaciones de aquella última semana de abril—beligerantes, pero pacíficas, exceptuando el final de la última—fueron la culminación de un mes de movilizaciones y el fruto de una prolongada labor organizativa que se inició desde un año antes. La violencia del 24 de abril, al conocerse la aprobación en tercer debate del contrato, fue, sobre todo, la expresión espontánea, frustrada y encolerizada de una parte del novel estudiantado, que se sintió impotente ante los poderes público y mediático.

En contraste con la imagen estereotipada que se ha construido, el movimiento—originado por, y nucleado desde, la Federación de Estudiantes Universitarios de Costa Rica (FEUCR)—estuvo caracterizado por su amplitud y pluralidad; por su tenacidad y eficacia organizativa; por la discursividad beligerante, interpeladora y patriótica, pero a la vez moderada. La figura del contrato-ley se asoció con los oprobiosos contratos ferrocarrileros y bananeros, lo que convocó a mucha gente a oponerse: además del estudiantado universitario, a miembros de la clase política, a la izquierda de entonces (Vanguardia Popular e incipientes agrupaciones), a un sector de la intelectualidad, a colegiales y normalistas, así como a otras organizaciones de la sociedad civil. A lo largo de ese año se efectuaron seminarios, foros, asambleas, pronunciamientos, campos pagados, convocatorias públicas, marchas pacíficas, piquetes en las inmediaciones del parlamento, reuniones de coordinación con muy diversos sectores sociales. Por ejemplo, se coordinó con o se integró a sectores tan diversos como profesores universitarios, diputados de oposición y oficialistas opuestos al contrato, normalistas, gobiernos de segunda enseñanza, gremios, colegios profesionales, sindicatos, grupos locales y a colegiales de Pérez Zeledón, entre otros. Lo que inició como movimiento estudiantil se convirtió en movimiento nacional liderado por la FEUCR.

Por aquel entonces la Federación funcionaba, apegado a lo que su nombre indica, como órgano que articulaba las distintas asociaciones estudiantiles de las carreras y unidades académicas. Su poder todavía emanaba de un consejo de representantes (Consejo Superior), en el que también estaban los presidentes de asociaciones. En su seno se elegían los cargos del directorio de la FEUCR: presidente, vicepresidente, etc., por lo que no habían elecciones generales para elegir estos puestos. En esa instancia se constituían las comisiones permanentes sobre distintos asuntos: estudiantiles, deportivos, nacionales, campesinos, etc. De tal manera que el poder era bastante horizontal y desconcentrado. Precisamente, de unas de estas comisiones germinó el interés por conocer del proyecto en cuestión.

Si bien la fuerza del movimiento radicó en la estructura federativa, en su dirección colectiva y no en líderes individuales, hubo presencia y participación clave de agrupaciones estudiantiles. Algunas de estas fueron independientes y otras mantenían ligamen con partidos políticos. De estas últimas estaban, principalmente los liberacionistas, los vanguardistas e, incipientemente, los demócrata-cristianos. Los liberacionistas, pese a que hegemonizaban la FEUCR, actuaron con mucha debilidad porque entraron en contradicción interna ante el asunto ALCOA, ya que su propio partido nacional se dividió al respecto: la mayoría de los diputados opuestos al contrato eran del Partido Liberación Nacional y prominentes profesores universitarios de afiliación liberacionista también lo adversaban; mientras que el resto de los diputados del partido y el presidente electo, José Figueres Ferrer, lo apoyaron.

Dos elementos novedosos también caracterizaron al movimiento: uno fue la participación destacada de la joven mujer en la organización, lo que, en cierto grado, rompía con lo que venía siendo la protesta social en el país, más allá del campo de las luchas femeninas; y el otro fue un componente cardinal, a más del patriótico y del anticorporativista: el ambientalista, ya que se denunció con fuerza las consecuencias negativas que podría provocar la actividad extractiva del aluminio en Pérez Zeledón.

Por su parte, desde un inicio el Gobierno se había negado a participar en los foros que la FEUCR organizó. Más bien, junto a los medios escritos y radiofónicos, utilizó el arsenal propagandístico estereotipado de la Guerra Fría y de la Doctrina de la Seguridad Nacional para acusar al movimiento de subversivo y de ser instrumento de fuerzas desestablizadoras del exterior: en el contexto aquél intentaron tildarlo de “comunista”. Además, hubo fuerte acción represiva de la policía, no sólo el 24 de abril.

Aparentemente la lucha se perdió porque el contrato fue aprobado, pero la compañía nunca llegó a implantarse, muy posiblemente porque, además de eventuales razones económicas, el contrato quedó altamente deslegitimado ante la opinión pública nacional. Como consecuencia, finalmente el contrato se derogó en la Asamblea Legislativa, en 1975. En general, aquel movimiento impulsó un proceso coyuntural de efervescencia social y política, que, entre otras cosas, favoreció la legitimación de la protesta social ciudadana.

(*) Historiador, Catedrático jubilado, UNA.