Universitarios marcharon por el FEES

Silvia Monturiol / Johnny Núñez /CAMPUS
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Con el lema “La educación no se negocia”, alumnos de las universidades estatales marcharon por el presupuesto de la educación superior, el 12 de setiembre pasado.

Los estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) iniciaron la marcha a las 10 a.m. con un recorrido desde la Avenida Central—en las cercanías del Edificio Rofas—hasta la Plaza de la Cultura, donde tomaron hacia la Avenida Segunda, para culminar con una concentración frente a la Asamblea Legislativa.

Esta marcha pacífica se dio por la reivindicación del presupuesto para la educación establecido en la Constitución Política; es decir, de 8% del Producto Interno Bruto, del cual un 1.5% correspondería al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Según el reciente acuerdo del FEES para el próximo año, suscrito por los ministros representantes del gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare), en 2018 las universidades públicas recibirán un incremento del 3,7% en el presupuesto, en comparación con 2017.

Representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) y otros grupos del movimiento estudiantil insistieron en que se incumple el artículo 78 de la Constitución Política, al acordarse en la negociación del FEES un 1.37%, en vez del 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), con lo que se ve afectada la asignación de recursos para la educación superior.

“Recordamos que el tema del presupuesto para las universidades ha sido un descontento para el estudiantado ya que se significa un continuo irrespeto a la Constitución Políticade Costa Rica, que desde 1949 señaló la educación con no menos de 8% del Producto Interno Bruto, además de un modelo de desarrollo país impulsado desde la educación”, afirmó Daniela Alpízar, presidenta de la Feuna.

En una circular dirigida a la comunidad universitaria, el rector de la UNA, Alberto Salom, manifestó su solidaridad con la convocatoria de los estudiantes, a la vez que aclaró que en las negociaciones del FEES, la Rectoría de esta universidad abogó por un 8% para toda la educación, del cual un 1.5% sería para las universidades públicas partiendo de una base PIB del año 2017.

Además, por respeto a los acuerdos suscritos con representantes del grupo “Asamblea Autónoma toma edificio de Ciencias Sociales”, los cuales culminaron con el desalojo de esas instalaciones y el restablecimiento de las actividades académicas y servicios en la Facultad, la Rectoría declaró un cambio de actividades para la comunidad universitaria de la UNA, con el fin de facilitar la asistencia voluntaria del estudiantado, así como de las personas académicas y administrativas de la institución.