Costa Rica reescribe su lista de prioridades

Víctor J. Barrantes C. / CAMPUS
vbarrant@una.cr

Costa Rica encara los retos—algunos nuevos, la mayoría de larga data—que cada cuatro años se reescriben como las “prioridades” del nuevo gobierno. A solo tres años de celebrar su bicentenario de independencia, el país asiste a la decimoséptima elección de forma consecutiva, con un panorama que aún para los más optimistas resulta un gran desafío, tanto por haber postergado las soluciones en áres vitales para el desarrollo nacional, como por la dificultad de lograr acuerdos entre partidos, grupos de interés y poderes del estado que, según destaca del último Informe del Estado de la Nación, se bloquean mutuamente y provocan inercia e inacción.

Tal informe reconocía, en su última edición, resultados positivos en los ámbitos social, económico y político, pero también la insuficiencia de tales logros para dar solución a los problemas estructurales del país.

CAMPUS le solicitó a especialistas de la Universidad Nacional (UNA) referirse a cuatro áreas que son de vital importancia: economía, educación, infraestructura, y seguridad ciudadana. Greivin Hérnández, académico de la Escuela de Economía, se refiere al que quizá sea el desafío más urgente: los retos económicos y los ajustes requeridos para alcanzar un mayor desarrollo humano; Ileana Vargas, representante académica del Consejo Universitario, trata la educación y enumera algunas acciones específicas e impostergables (¡vamos de nuevo por el 8% del PIB!) que se deben afrontar para lograr las mejoras en este campo.

Leiner Vargas, economista del Cinpe, aborda un tema clave para el desarrollo: la infraestructura y el costo de no atender a tiempo la creación de obra nueva. El sociólogo José Carlos Chinchilla, también miembro académico del Consejo Universitario, pone en perspectiva la inseguridad ciudadana, el aumento en la violencia criminal entre grupos organizados y del narcotráfico, y el debilitamiento de la institucionalidad del Poder Judicial, por lo que pregunta a los candidatos ¿qué harán ante este panomara?

Desempleo, distribución del ingreso, inversión pública en obras y en educación, rezago en su desarrollo, ausencia de un diálogo nacional, aumento de la violencia e inseguridad ciudadana. El inventario de necesidades por resolver es largo; la voluntad por logar acuerdos, escasa. Nuevamente el país se enfrenta al dilema de afrontar y alcanzar en conjunto un acuerdo nacional o seguir reescribendo, como cada cuatro años, su lista de prioridades.

Retos económicos de la administración 2018-2022

Greivin Hernández González
Académico Escuela de Economía-UNA

La economía, entendida como la ciencia encargada del estudio de la distribución de los recursos, debe medir su grado de éxito en relación con la mejora de las condiciones de vida de una sociedad. En ese sentido, los costarricenses hemos experimentado mejoras en cuanto a esperanza de vida y reducción de la pobreza, pero tenemos tareas acuciantes en otras áreas.

En primer lugar, una gran porción de la clase trabajadora experimenta una crisis profunda, más de 400 mil personas no encuentran empleo o dejaron de buscarlo. Muchos trabajadores no tienen condiciones idóneas de formalidad, jornada, remuneraciones, etc. En el fondo, existe un problema de capacidades y productividad de la oferta laboral que se debe resolver (dos terceras partes de los desempleados no han finalizado la secundaria), pero además persiste, una insuficiencia de la demanda laboral, pues con el mismo crecimiento económico, cada vez se generan menos empleos.

Segundo, si bien a inicios de los noventa el país tenía una distribución del ingreso similar a la de los Estados Unidos, en la actualidad nos encontramos más cerca de la realidad de los países de la región (la inequidad medida por el coeficiente de Gini aumentó de 0,45 a 0,52 entre 1990 y 2016).

Esto es malo para la gran mayoría de los ciudadanos, y malo para la economía. Las sociedades más desiguales tienen economías menos estables, y están más propensas a eventos como crisis financieras, deuda e inflación. La inequidad está asociada con aumentos en el nivel de violencia, reduce la confianza, la participación social y civil, y la percepción sobre la felicidad, entre otros.

Tercero, las posibilidades del Estado para atender los problemas apuntados se están reduciendo. La sociedad costarricense le ha asignado una gran cantidad de obligaciones al aparato estatal en materia de educación, salud, seguridad, infraestructura, y otros, sin haber previsto los recursos suficientes para atenderlas. Por eso, el Estado ha encontrado como solución endeudarse, o dejar de cumplir muchos de esos compromisos (en inversión pública notablemente). Sin embargo, el déficit y la deuda públicos han crecido tanto, que están afectando la estabilidad (por ejemplo el tipo de cambio, las tasas de interés) y amenazan con generar una macrocrisis.

Finalmente, nuestro país no está llevando a cabo un proceso de transformación productiva que le permita posicionarse como una economía desarrollada en las próximas décadas. Los países avanzados tienen un conjunto de políticas que los mantienen creciendo de manera dinámica y sostenida, así como estar a la vanguardia de la frontera tecnológica y aprovechar las oportunidades. Para ello, es preciso resolver retos en materia de innovación, productividad, encadenamientos, educación, emprendedurismo, infraestructura, entre otros.

De cara al proceso electoral, conviene conocer las propuestas de los candidatos presidenciales y partidos políticos en torno a estos temas.

¿Cuáles son los desafíos de la educación para los próximos años?

Ileana Vargas Jiménez
Miembro Académico del Consejo Universitario - UNA

Quiero compartir esta reflexión con algunos desafíos que deberán enfrentar las nuevas autoridades educativas que serán elegidas en las próximas semanas, las cuales son, desde mi opinión, las principales.

Se deberá cumplir con el mandato de la Constitución Política que indica que el 8% del producto interno bruto será destinado a la educación pública costarricense; quiere decir, que si se lograra dicho mandato, se podría fortalecer la inversión en: infraestructura, equipamiento, innovación en los programas educativos, desde preescolar, primaria y secundaria entre otros aspectos.

Así mismo, es importante fortalecer el vínculo con las facultades de educación de las universidades públicas en lo que se refiere a los programas de educación continua en conjunto con los encargados del Ministerio de Educación Pública. Dichos cursos deberán ser innovadores, retadores, que impliquen la utilización de las habilidades múltiples de los participantes. Se requiere de una mayor participación de los docentes, directores y directoras en cuanto a que intervengan en sus procesos de capacitación profesional.

Las herramientas de las tecnologías en los programas de educación son indispensables, así como, su óptima utilización. Además, se hace necesario la incorporación de diversos idiomas en el currículum desde preescolar, hasta secundaria y eso representa uno de los principales desafíos de la educación pública costarricense. En noviembre de 2016 el Consejo Superior de Educación aprobó la política curricular “Educar para una nueva ciudadanía”, la cual pretende potenciar en los alumnos un conjunto de habilidades y competencias clave tales como resolver problemas, aprender a lo largo de la vida, tomar decisiones que contribuyan con su desarrollo personal, acceder a la información en forma eficiente así como entender y analizar las tecnologías digitales por lo que de lograrse esto señoras y señores yo me daría por satisfecha.

La infraestructura y el costo de lo que no existe

Leiner Vargas Alfaro
Académico del Cinpe-UNA

Por muchos años nos ha preocupado el contabilizar el costo de construir infraestructura y/o los impactos directos, de corto plazo, que tiene la misma en la dinámica productiva y en la calidad de vida de las personas o inclusive, los efectos negativos de ella en el medio ambiente. Desde mi perspectiva, hemos olvidado un tema central en dichas evaluaciones. Se trata de la no contabilización de los efectos negativos perversos de que no exista la infraestructura del todo. Sobre este particular, al que llamaré el costo de lo que no existe, derivados de algunas de mis reflexiones (disponible en www.leinervargas.com).

Llegar a un puerto y que una nave se quede esperando un día, una semana o hasta un mes, tiene costos muy altos a una sociedad que vive del comercio internacional. Que no pase un crucero o que no llegue un barco más grande, por la falta de calado o infraestructura del puerto, tiene grandes pérdidas para la economía, el empleo y la sociedad de un país. De igual forma, llegar a un puente y ver reducido de cuatro a dos el carril de acceso lleva un costo enorme de atraso en gasto de combustible, estrés y pérdida neta de tiempo por la congestión vehicular asociada, esperar media o hasta una hora el autobús cada mañana, es un costo enorme para quienes desean llegar a su trabajo o estudio. El no contar con una carretera o acceso a una ciudad, una región o la simple inexistencia de alternativas de transporte  como el tren, son eventos reales que tienen altísimo costo para la sociedad. Puedo seguir con otros temas como la infraestructura en agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, aeropuertos, trenes, tranvías o metros, redes de frio, escuelas, hospitales, etc. Todas estas obras de infraestructura tienen un amplio costo monetario para realizarlas, pero el costo más significativo de ellos, es el costo de que no existan y que como tal, siendo tan necesarias para la sociedad se tenga que carecer de ellas.

La gran ironía de nuestro caso como país, es que contamos con una gran cantidad de préstamos y de recursos disponibles para la inversión que por la incapacidad del Estado no se han utilizado. En medio de una seria crisis fiscal, el Estado ha desperdiciado la existencia de dichos recursos esencialmente por la incapacidad de planeación, gestión, evaluación y desarrollo de dicha infraestructura. Si a lo anterior le sumamos que por efectos adversos como el clima o la acción de la naturaleza, la infraestructura pública tiene grandes pérdidas, tenemos el no feliz resultado de que en términos netos el país no invierte ni siquiera el 1.5% del Producto Interno Bruto en la recuperación de la infraestructura. Así las cosas, considerando la depreciación de la infraestructura existente, el país está seriamente rezagando su desarrollo por la no inversión en infraestructura. Los indicadores serios de organismos multilaterales hablan de que no debería bajar de 3% del PIB la inversión anual y en nuestro caso, dado el rezago de los últimos 30 años, la inversión debería superar el 5 o 6% del PIB. La gran pregunta entonces es ¿Por qué somos tan deficientes e imprudentes como Estado en este tema?

La respuesta no es sencilla de elaborar, se trata de una clara incompetencia creciente del Estado costarricense, asociada con el  modelo de gestión pública de la infraestructura del país, que se ha concentrado en los procesos burocratizado, poniendo pesos y contrapesos innecesarios con un estilo de control institucional que genera poco valor y que obstaculiza la gestión por resultados. Un modelo de gestión que ha puesto primero a las instituciones que al ciudadano, generando un excesivo centralismo en la gestión e impidiendo, que se el propio ciudadano el que realice el autocontrol de la operación y gestión de las obras. El resultado es un Estado capturado en sus procesos de gestión de la infraestructura, donde las excusas son la norma y los resultados son la excepción. Resolver entonces dicho nudo institucional es la tarea más significativa que tenemos en frente, si queremos tener una infraestructura de calidad, en tanto eso no se logre, seguiremos viendo puentes sin carreteras y carreteras sin puentes. En general, obras de infraestructura de gran valor a medias, ciudadanos insatisfechos y una sociedad que pierde la esperanza y la confianza en el Estado.

¿Diga usted, aspirante a presidente…. Cómo resolvemos esto?

José Carlos Chinchilla Coto
Miembro académico Consejo Universitario-UNA

No estoy seguro cuánto conocen quienes aspiran a la presidencia de la República de la zozobra que viven miles y miles de personas de nuestro país, cuando sienten que les arrancan parte de su tranquilidad y paz, al ser atacados por la violencia criminal en todas sus manifestaciones y mecanismos de terror. Ya sea un delito contra la propiedad, un atentado contra la vida humana o la amenaza potencial de una agresión en las calles de nuestras ciudades y pueblos, la vida cambia para peor.

Años atrás pensaba que la percepción ciudadana sobre la criminalidad y la violencia eran exageradas. Hoy, después de que me robaron un vehículo, que se metieron a hurtar en mi casa, que despojaron de una bicicleta a mi hijo en plena vía pública y que leo en los periódicos y en la TV la infinidad de asaltos, crímenes y delitos de cuello blanco de los corruptos y corruptores, no puedo seguir pensando igual. En este país no tener temor a ser objeto de un acto criminal es una actitud “casi” irresponsable.

Nuestra realidad es que ya no es sorpresa que un estudiante escolar resulte herido de bala, por un “gatillero” que, contratado por un grupo criminal organizado, estaba cobrando deudas de drogas.

 Los datos de asesinatos nos muestran una realidad epidémica: desde el 2012 la tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes fue de 8.7, con 407 fallecidos; en el 2014, 9.9 con 477 muertes. Y para el 2015 y 2016, 11.5 y 12 por cada cien mil habitantes; llegando las cifras a 600 con una proyección del OIJ de 706 asesinatos para un 13.7 por cada cien mil. Datos duros que podríamos relativizar si nos comparamos con otros países. En la región de América Central y el Caribe, solo Nicaragua (7) y Panamá (9.3 por cada 100 mil) está por debajo de Costa Rica; mientras Guatemala (27.3), Honduras (59), y El Salvador (81.2) nos superan dolorosamente.

En nuestro país es evidente que las muertes por ajustes de cuenta se han incrementado; mientras en el 2012 fueron 31 casos, en el 2014 y 2015, 197 y 297 respectivamente, descendiendo ligeramente en el 2016 a 266. Es decir, un alto porcentaje de los asesinatos están directamente relacionados con el incremento de los grupos criminales organizados tanto de narcotráfico, como de otro tipo de delincuencia criminal. Somos tierra de paso para el narco y ello tiene implicaciones nefastas para la gente del país. Hoy día se conoce que las formas de pago son en especie; lo que fomenta el consumo y aumenta los conflictos territoriales para distribución y venta de drogas. Así, mientras los homicidios dolosos no relacionados con la delincuencia organizada bajaron del 11.3 por 100 mil en el 2010, a 6.4 en el 2016. Los relacionados con la delincuencia organizada crecieron de 0.3 a 5.5 por 100mil.

Por otra parte, los crímenes de cuello blanco ahora debilitan la institucionalidad pública y en particular el Poder judicial, agravan el cuestionamiento a la representación legislativa y ponen en tela de duda el poder ejecutivo; es decir, estamos creando condiciones para la “tormenta perfecta”: la crisis orgánica.

El período electoral que estamos viviendo, entre otras funciones, debería servirnos a quienes conformamos la ciudadanía de Costa Rica para tener claro si entre las personas que aspiran al puesto presidencial y las mismas diputaciones, tienen propuestas concretas y viables sobre cómo poder responder a los desafíos medulares que enfrentamos como sociedad y como personas concretas en nuestro diario vivir. En este sentido, les preguntamos a cada una de las personas aspirantes a la presidencia ¿Qué van hacer con este problema de la inseguridad, del incremento de la criminalidad organizada y de los asesinatos? ¿Cuáles son sus propuestas para evitar la corrupción y fortalecer la institucionalidad en general y de la administración de justicia? Espero que no respondan con la “pomada canaria” de la represión, de más y más normas punitivas y otras posturas violentas, ya que demostrado está que incrementada la violencia estatal el resultado es mayor violencia criminal. Esperamos respuestas inteligentes, democráticas y efectivas en el marco del respeto a la vida y la persona humana.