Evaluación está ausente en políticas públicas ambientales
La formulación de una política debe considerar la existencia de acciones y diferentes actividades, así como la participación interinstitucional para alcanzar el objetivo.
Johnny Núñez Z. / CAMPUS
jnunez@una.cr
 Los humedales forman de las políticas públicas de las áreas de zonas protegidas. |
Si bien el país cuenta con legislación en materia de políticas públicas ambientales y recursos naturales, éstas son variadas y muy amplias, Por esa razón, el Programa integrado de análisis de políticas públicas para la gestión sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales en Costa Rica, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), se dedicó a determinar cómo es su formulación, desarrollo y la existencia o no de evaluación, específicamente en las áreas silvestres protegidas, el sector forestal privado, y las zonas costeras.
Mary Luz Moreno, responsable del proyecto, indicó que durante el proceso de investigación, se logró la participación actores importantes, como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). En el caso, por ejemplo, del estudio sobre Áreas Silvestres Protegidas, dichos actores junto a los investigadores del centro universitario discutieron las políticas elaboradas para el periodo 2011-2015. “Tuvimos la ventaja de que al iniciar el estudio esa política aún estaba vigente, y determinamos que estaba conformada por nueve políticas, con uno y dos objetivos cada una y con cuatro a nueve lineamientos estratégicos cada objetivo”, especificó.
El análisis demostró la falta de sistematización de los indicadores para medir el cumplimiento e impacto en la política como tal, pese a que el Sinac cuenta con un plan estratégico y uno de acción. “Tratamos de ligar el plan de acción, el estratégico y las políticas, pero resultó muy complicado, ya que la política pública no se definió con esa estructura”, explicó Moreno.
La experta del Cinpe detalló que los funcionarios del Sinac tienen los resultados, pero no se encuentran estructurados ni sistematizados como parte vital de la política, por lo que en la actualidad se trabaja en la estrategia de evaluación para acoplar los resultados e incorporar en la formulación de la nueva política los instrumentos que permitan su evaluación. “Cuando se formula la política se debe contemplar la existencia de acciones, diferentes tipos de actividades, así como instituciones que se relacionan para alcanzar el objetivo. Por ello, cada institución debe estar presente en la evaluación para ejecutar la medición. Veo con alegría y temor cuando surge una nueva política, pero a la vez me pregunto cuál será el proceso para llegar al resultado esperado”.
Moreno destacó que en las tres áreas investigadas se evidenció que la formulación de la política pública requiere de un método que facilite la evaluación desde el inicio. Agregó que se debe evaluar si hay lineamientos en diferentes políticas que conduzcan a una duplicidad de acciones, para sistematizarlos y así maximizar el uso de recursos humanos y financieros.
Estado de la nación
En el Informe Estado de la Nación 2016 se mencionó que la efectividad y calidad en la gestión de los instrumentos para la evaluación de impactos es clave para armonizar objetivos ambientales y de desarrollo. Sin embargo, el país ha tenido dificultades para acometer, de forma adecuada, esta tarea y avanzar hacia una evaluación ambiental estratégica. En ese sentido, el estudio permitió identificar al menos tres grandes desafíos en este campo.
El primer desafío tiene que ver con las dificultades para analizar los efectos ambientales acumulativos (EAA) en 15 de los proyectos. Hoy en día se impulsa en el ámbito internacional procesos de evaluación de impacto ambiental más amplios e integrados, incorporando elementos como la afectación del paisaje, la sostenibilidad de los proyectos y su relación con otras actividades que se desarrollan en el mismo entorno y área de influencia.
El segundo desafío es superar la inadecuada evaluación del impacto ambiental preliminar. Ello tiene diversas causas, como los problemas del mecanismo por medio del cual se filtran las solicitudes de viabilidad, según la magnitud de su impacto.
El tercer desafío es cómo lograr estándares internacionalmente aceptados para saber cuáles son las medidas adecuadas. Los elementos centrales de la labor en este campo son: monitoreo, evaluación, administración y comunicación.
Protección de humedales Ramsar
Entre tanto, el Informe del Estado de la Nación 2017 señala que desde el 2014 el Sinac desarrolla el Proyecto Humedales, que es financiado por el PNUD con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El propósito de esa iniciativa es mejorar la gestión de los humedales mediante la generación y fortalecimiento de las capacidades del Sinac, que es el ente encargado de su protección y administración.
Uno de los principales resultados de este proyecto es la Política Nacional de Humedales 2017-2030, elaborada en un proceso participativo que culminó con su oficialización a inicios de 2017. La Política está estructurada en torno a cinco ejes estratégicos: conservación de los ecosistemas de humedal, sus bienes y servicios; desarrollo, prestación de servicios ecosistémicos y adaptación climática; rehabilitación ecológica de los ecosistemas de humedal; fortalecimiento institucional para la gestión integrada de los ecosistemas de humedal y participación inclusiva y gobernanza democrática.
En este mismo sentido destaca la publicación del “Reglamento para Nuevas capacidades del Estado para la protección de humedales Ramsar el aprovechamiento racional de los recursos acuáticos aprobados en los planes generales de manejo de los humedales” (decreto 39411-Minae-MAG).
Agrega el informe 2017 que otro componente de los resultados de la gestión ambiental son los patrones de uso y el estado de los recursos naturales. Al igual que en el tema del suelo, en ámbitos como la energía, el agua o los bosques existen riesgos y—ante todo—impactos.
Estos también son asuntos estrechamente relacionados con el uso del territorio; es decir, con el modelo de ciudad, el sistema de transporte, la contaminación y otras presiones derivadas de procesos urbanos o productivos.
Esta sección presenta información sobre la matriz energética, la gestión de los recursos hídricos y su saneamiento, así como la conservación y manejo del patrimonio forestal. Las tenencias generales en estos campos no cambiaronsignificativamente en 2016, aunque sí se crearon algunas herramientas y nuevos datos para la discusión.