Derechos humanos de la población LGTBI en la opinión pública
Laura Solís Bastos
José Andrés Díaz González
Jose.diaz.gonzales@una.cr
El pasado 9 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento, a petición de Costa Rica, en el cual se señala que los Estados deben garantizar a la población LGTBI los mismos derechos que a las personas heterosexuales, incluyendo la legalización de la unión de personas del mismo sexo.
Opinión pública y derechos LGTBI
El tema de los derechos de la población LGTBI es polémico; sin embargo, datos de encuestas aplicadas por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA) muestran que existe una tendencia en la sociedad costarricense de apoyar los derechos de este grupo. Para el 2015, un 41% de las y los costarricenses manifestaba estar de acuerdo con el reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo. Para el 2016, un 64% de la población costarricense apoyaba la medida que adoptó la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la cual permite el aseguramiento de las parejas del mismo sexo.
En el 2017, casi un 75% de la población costarricense indicó que debían respetarse las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo; mientras que un 90% manifestó que se debía garantizar la igualdad ante la ley, sin importar el género o la preferencia sexual de las personas.
A pesar de estos datos, el pronunciamiento de la CIDH ha generado una reacción en ciertos sectores conservadores, la cual ha tratado de ser capitalizada por los partidos políticos.
Discusión política y derechos LGTBI
La lucha por los derechos de la población LGTBI ha sido impulsada principalmente por grupos de la sociedad civil; y está marcada de forma significativa por un claro conservadurismo en el ejercicio de la política y la toma de decisiones, lo cual ha generado constantes dificultades en los intentos de promover y defender los derechos de este grupo. Por ejemplo, han sido infructuosos los intentos de aprobación de leyes para el reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo.
Este entrabamiento entre los actores políticos para la toma de decisiones que garanticen los derechos de la población LGBTI, lleva al Poder Ejecutivo a realizar la consulta ante la CIDH; como una estrategia para romper el impasse sobre este tema; es decir, ocurre una judicialización de una decisión política.
No se recurre a la Sala Constitucional, sino que el gobierno apela a un organismo internacional, la CIDH. Hay dos posibles razones para esto: 1) al ser un ente internacional, su resolución puede dar mayor legitimidad a los esfuerzos del gobierno de impulsar los derechos de la población LGBTI y 2) los entes judiciales nacionales no estarían en las condiciones de brindar una resolución que permitiera profundizar en la promoción de los derechos de este grupo.
El país requiere un proceso de reflexión, aceptación y convivencia pacífica, en el que se reconozca al colectivo LGTBI como sujeto social, con los mismos derechos que la población heterosexual
(*) Investigadores Idespo-UNA.