Balance económico y social
El país que recibe la administración Alvarado-Quesada
Roxana Morales Ramos
Greivin Salazar Álvarez (*) para CAMPUS
 Greivin Salazar y Roxana Morales, del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía dieron a conocer el balance de la economía costarricense al I trimestre de 2018. |
El pasado 3 de mayo el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía (OES-UNA) dio a conocer el balance de la economía costarricense al I trimestre de 2018, en el que abarcó temas relacionados con el entorno internacional, producción, empleo, gasto, inversión, crédito, deuda pública y privada, ahorro, tasas de interés, inflación, tipo de cambio, exportaciones e importaciones, Inversión Extranjera Directa (IED), finanzas públicas, pobreza, desigualdad, entre otros.
Entre los resultados relativamente favorables destaca lo siguiente:
a) El crecimiento económico se mantuvo por encima del 3% (superior al promedio de América Latina) pero sin superar la barrera de la última década del 5%, lo cual es insuficiente para atacar el problema del desempleo en el país.
b) La inflación se mantuvo bastante baja, producto de un entorno internacional favorable y una política monetaria bastante “disciplinada”.
c) Se logró una mejor recaudación del impuesto sobre la renta.
d) El tipo de cambio se mantuvo relativamente estable, asimismo, el Banco Central actuó oportunamente ante las presiones observadas (2014 y 2017).
e) Las exportaciones de bienes alcanzaron una cifra récord: US$10,6 mil millones en 2017, a pesar del retiro de una parte de las operaciones de la firma INTEL, lo que fue compensado por las mayores ventas de la industria de equipo médico.
f) El turismo se incrementó logrando los casi 3 millones de visitantes.
g) La IED alcanzó los 3 mil millones de dólares, en 2017.
h) El índice de pobreza (según método de línea de pobreza) se redujo de manera sostenida para llegar al 20% de los hogares en 2017, producto en buena medida de la mejor focalización del gasto público. Además, se logró reducir la brecha y severidad de la pobreza.
i) La pobreza extrema se ubicó en 5,7% en 2017 (cifra más baja de los últimos 8 años).
Por otra parte, entre los principales retos, algunos de carácter estructural se encuentran:
a) El elevado y persistente déficit fiscal, que se ha traducido en un incremento de la deuda pública, producto a) de las dificultades existentes para incrementar la carga tributaria (cercana al 13% del PIB y sin variación en los últimos 9 años) y, b) del crecimiento constante del gasto público (llegó al 20,7% del PIB en 2017; es decir, 5 puntos porcentuales más del PIB en últimos 10 años), impulsado en buena medida por el pago de intereses de deuda.
b) El desenganche entre el crecimiento económico y la generación del empleo, debido a que las actividades más dinámicas no necesariamente han creado más puestos de trabajo (como el comercio o la actividad financiera y de seguros).
c) El creciente desalineamiento entre oferta y demanda en el mercado laboral.
d) Bajo nivel de encadenamientos entre empresas de IED y de capital nacional.
e) La actual transición demográfica del país: envejecimiento de la población que afecta seguridad social.
f) Concentración de las exportaciones a nivel territorial: 70% salen de la región central del país.
g) Alto endeudamiento de la población: en los últimos 10 años ha crecido 17,9 puntos porcentuales del PIB (61% del PIB en 2017).
h) Permanece una alta dolarización del crédito.
i) Alto margen de intermediación financiera (diferencia entre tasas activas y pasivas).
j) Problemas en infraestructura: congestionamiento vial, deficiente e insuficiente transporte público, puentes y carreteras/caminos en mal estado, entre otros, que afectan la productividad y competitividad.
k) Brechas laborales y de ingresos por género, grupos de edad, regiones de planificación y zonas.
l) Alto nivel de informalidad (supera el 40% de la población ocupada).
m) Desigualdad en la distribución del ingreso permanece alta (lejos de los niveles observados una década atrás): el quintil V cada vez se deja una mayor parte de los ingresos del país (el 20% de los hogares más ricos—808.574 personas—se deja el 50,9% de los ingresos totales del país).
Los anteriores son solo algunos de los principales problemas estructurales que deberá enfrentar el nuevo gobierno, pero los más apremiantes son la reducción sostenida del déficit fiscal y la generación mayores puestos de trabajo.
¿Qué pasa si el país no se logra poner de acuerdo y el déficit del gobierno central sigue creciendo? Algunas de las consecuencias que tendría un mayor deterioro de las finanzas del Estado sobre la economía en general, así como sobre las empresas y los hogares, son:
a) Están pronto a vencerse varios títulos de deuda del gobierno central y se requiere buscar financiamiento para hacer frente al gasto público que no es posible financiar con recursos propios (déficit fiscal que se estima llegue al 7% del PIB en 2018), por lo que resultará necesario que el Ministerio de Hacienda salga al mercado a buscar esos recursos. En este escenario, si el financiamiento se da en el mercado interno, las tasas de interés tenderán a subir (de por sí en un contexto de ajuste paulatino al alza en las tasas de interés), lo que afectaría la inversión, el consumo y a los deudores. Si se financia en el mercado externo (con autorización de la Asamblea Legislativa), se generarían presiones para que el tipo de cambio baje (apreciación del colón) como resultado de una mayor entrada de dólares al país, afectando la competitividad del sector exportador y su capacidad de generación de empleo.
b) Las calificadoras de riesgo podrían reducir la calificación a Costa Rica, afectando la confianza hacia nuestra economía, con efectos sobre tasas de interés, flujo de capitales, tipo de cambio, inflación, producción, empleo y, encarecería el financiamiento del déficit.
c) Como medida alternativa, el Estado podría recortar recursos destinados a programas sociales o cerrar algunos de ellos y reducir la planilla (despido de trabajadores), con sus consecuentes afectaciones sobre la sociedad en su conjunto.
d) En un caso extremo, en que el país requiera ayuda de organismos internacionales para enfrentar una crisis fiscal, estos terminarán imponiendo sus condiciones que a la larga pueden ser más perjudiciales y más “dolorosas” para el país (un mayor costo social).
e) El crecimiento económico se vería afectado, por lo que los ingresos fiscales se reducirían y con ello, la situación de las finanzas públicas empeoraría (círculo vicioso).
(*) Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA