Abandono y pobreza decidieron la elección
Los resultados del proceso electoral que vivió el país el pasado 4 de febrero y que llevaron a los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana a una segunda ronda, no toman por sorpresa a especialistas de la UNA, quienes responden, desde sus áreas de especialización, los porqués de los resultados.
Los académico Alberto Rojas, de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y Rafael Arias, de la Escuela de Economía, atribuyen al abandono histórico de las poblaciones de zonas costeras y montañosas por parte de los gobiernos de turno, el respaldo que estos sectores dieron a la propuesta cristiana de Restauración Nacional. De igual forma, coindicen en que el asistencialismo, por parte de las iglesias evangélicas, vino a suplir en buena medida el rol de estado.
También enumeran otros factores que fueron determinantes: el ascenso de un conservadurismo en la sociedad costarricense, impuesto verticalmente por un predicador; la gran organización de base de las iglesias evangélicas y su consolidación en territorios donde abunda la pobreza y la desigualdad y la pervivencia de una visión de desarrollo estructural que beneficia a los pobladores de la Gran Área Metropolitana (GAM).
 Según el mapa de distribución de pobreza, esta se presenta más en las zonas fronterizas y las costas, donde justamente el Partido Restauración obtuvo el mayor respaldo. Ese patrón se repitió también cuando se valoró la desigualdad por ingreso. (Ilustración Leonardo Sánchez) |
Entre el abandono estatal y la familia única
Gerardo Zamora Bolaños / CAMPUS
Tal parece que el histórico abandono de los gobiernos de turno hacia las zonas costeras, comienza a pasar su factura político electoral. Así lo analiza Alberto Rojas, investigador de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA. El triunfo del Partido Restauración Nacional (RN) en las provincias de Puntarenas, Guanacaste y Limón en el más reciente proceso electoral, y que le permitió al candidato Fabricio Alvarado pasar a segunda ronda, así lo deja entrever: un grupo significativo de iglesias evangélicas que desde hace varias décadas vienen sustituyendo al Estado en algunos de sus roles asistenciales, sobre todo en las zonas rurales.
“Son grupos conservadores independientes que toman prestado elementos del pensamiento neopentecostal y de la nueva reforma apostólica, para optar por un trabajo decidido en las comunidades, siendo casi un intermediario entre gobierno y sociedad, a propósito de la retirada del Estado en muchas comunidades del país. Así, algunas de estas iglesias evangélicas terminan apoyando a familias en condiciones de necesidad, bien sea con alimentos, útiles escolares, o en medio de emergencias como las inundaciones; también a personas con problemas de ciudadanía social, es decir, con la imposibilidad de acceder a los servicios públicos. Cansados de partidos políticos tradicionales que en el poder no resuelven esas urgencias, muchos habitantes de esas regiones del país ven en RN la alternativa”, explicó Rojas.
Si a esto le sumamos la identificación de un importante segmento de esa misma población con las propuestas de RN en materia familiar, resulta comprensible el apoyo que recibió dicho partido: “muchos de los miembros de estas iglesias evangélicas se identificaron con Fabricio Alvarado, candidato de RN, sintiendo que Fabricio los representaba en su pensamiento ciertamente conservador; la religión les aporta la legitimación que ocupaban escuchar, y si además lo oyen de su pastor, pesará más aún, tratándose de estructuras verticales, impregnadas de un autoritarismo”, dice Rojas.
 Alberto Rojas, investigador de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión |
Rojas considera que este comportamiento, expresado electoralmente, fue más allá de las comunidades evangélicas: “en Costa Rica existe una cultura profunda, diríamos que una genética cultural en un importante sector de la población. Algunos hechos noticiosos, como el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entorno al matrimonio igualitario, hicieron resurgir esa genética conservadora de algún segmento poblacional, a muy pocas semanas de las elecciones”, añadió Rojas.
El ascenso de estos partidos políticos religiosos fundados sobre pensamientos conservadores es sin duda un fenómeno continental. “Se trata de un movimiento articulado, coordinado en toda América. Así debe entenderse. Ellos buscan la administración del Estado por medio de gobiernos, para posicionar sus ideas religiosas, las cuales terminan por convertirse en política pública”, concluyó Rojas.
En Costa Rica, hasta el 2010 habían 4 871 iglesias evangélicas, según las últimas cifras disponibles, contenidas en un informe del Programa Latinoamericano de Estudios Socioreligiosos (Prolades).
Según el último estudio de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA, acerca de los comportamientos religiosos de los costarricenses, realizado en el 2014 por Laura Fuentes, investigadora de esa escuela, en lo que respecta a la afiliación religiosa, los más altos porcentajes son obtenidos por católicos practicantes y no practicantes (42% y 27%), lo cual da un total de 69% de personas identificadas con el catolicismo, seguidas de cristianos evangélicos (16%) y personas con otra fe cristiana (5,3%). Por debajo del 5% se encuentran las personas sin ninguna afiliación (4,3%), los evangélicos no practicantes (4%) y las personas de otra denominación cristiana (1,5%).
Cuando la pobreza le gana al derecho
Víctor J. Barrantes C. / CAMPUS
vbarrant@una.cr
 Para el economista Rafael Arias, las políticas del reconocimiento de derechos y de la distribución de rentas deben ir de la mano. |
Planeado o no, está claro que los resultados de la primera ronda de las elecciones de Costa Rica están mas asociados con las respuestas que se le dio a las necesidades objetivas de la gente, como alimentación, vestido y apoyo material, que con el reconocimiento de derechos, como igualdad, identidad y diferencia. Es decir, que la redistribución de riqueza le ganó al reconocimiento.
Rafael Arias, académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), afirma categóricamente que sí existe una coincidencia entre la forma como está distribuida la pobreza territorialmente en el país con el comportamiento del electorado. Su idea se sustenta en los estudios sobre pobreza, desigualdad y empleo que ha realizado, por varios años, junto con su colega Leonardo Sánchez (ver mapa).
En criterio de Arias, ante la falta de respuestas a sus necesidades apremiantes, las personas de zonas costeras, montañosas e incluso zonas urbanas marginales encontraron en las iglesias evangélicas un sentido de arraigo o pertenencia pero también una organización preocupaba por ayudarles, especialmente en coyunturas como las emergencias nacionales. Si a lo anterior se agrega la gran organización de base de estas iglesias y su consolidación en zonas rurales, “tendríamos que coincidir que ya no es una cuestión espontánea, si no que responde a toda una estrategia de movilización, y no solo para propósitos políticos”, agrega.
Ciertamente, admite, el reconocimiento de políticas de representación para quienes han estado excluidos de sus derechos por razones sociales y culturales es necesaria y una gran parte de la población la demanda, pero el vacío de políticas concretas que puedan solventar problemas sociales de pobreza y desigualdad es muy grande y está siendo contrarrestado por el asistencialismo de las organizaciones religiosas mientras la misma política asistencialista del estado no está llegando.
Sin respuestas
Los análisis de Arias y Sánchez les ha permitido identificar dónde están concentrados los grandes conglomerados de pobreza y han concluido que la política pública no ha llegado donde están esos problemas, aún reconociendo lo exitoso que han sido programas como la Red de cuido y Avancemos. “Tenemos que mejorar la implementación del esquema con un carácter territorial de mayor precisión porque se está dando un desfase entre necesidad y la inexistencia de estos programas de transferencias”, agrega Arias.
De la elección del 4 de febrero, justamente, una de las grandes lecciones aprendidas, en criterio del economista, es que “nos hemos olvidado de las diferencias territoriales” mientras la pobreza y la desigualdad se van profundizando por cantón, por distrito y por cuadrante, según se vaya desagregando. Aún más, en algunos casos los problemas de pobreza superan el promedio nacional, cuando se consideran indicadores como acceso a los bienes y servicios, a internet y otros que generan desigualdades. “Estamos ante una situación estructural de desarrollo desigual muy fuerte que el país no ha tenido capacidad de resolver y, como consecuencia, se ha venido dando la sanción social de esas comunidades”.
Según Arias, en la línea de pobreza existe un alto porcentaje que va más allá del umbral del 21% que se menciona como referencia: hay un 13% de los llamados vulnerables a la pobreza, que flotan y se están intercambiando. Esta población—asegura—lograría dar el salto por encima de la pobreza con muy pocos cambios: ganar en términos de su salario monetario, reducción en precios de canasta básica salarial o un poco de asistencia que les permita atender esas necesidades básica insatisfechas.
Pero la desigualdad y la pobreza, añade el especialista, no solo se dan por la mala distribución de renta sino que es un problema espacial o geográfico, lo cual quiere decir que conforme nos alejamos del centro se agrava la asignación de recursos y el acceso a los bienes y servicios como educación, salud y empleo, entre otros. Y se vuelve más dramático cuando se trata del empleo en zonas más rurales, y la economía está basada en la actividad agrícola; el problema afecta sensiblemente a las mujeres.
Otra de las lecciones aprendidas es que se mantiene una visión de desarrollo estructural, donde se privilegia un crecimiento económico convergente en la región central, particularmente en la Gran Área Metropolitana (los expertos lo llaman desarrollo o economía dual). En otras palabras, ha costado entender que el país lo componen todas las comunidades y no solo las del GAM, para lo cual se requiere política pública, social, productiva, de inclusión y, a la vez, una visión del desarrollo nacional más inclusivo, en ese sentido territorial.
Mientras tanto, deduce Arias, las poblaciones que viven en los sectores más marginados van a seguir sintiéndose excluidos y, por tanto, no van a tener interés en votar y si lo hacen lo harán por el que menos se les parezca al político tradicional.
El hecho de que la mayor abstención se diera en cantones fronterizos confirma, por otra parte, que la exclusión tiene una transversalidad que además de lo espacial, cruza lo étnico; es decir, son poblaciones que están al margen en términos geográficos pero también de la política del estado-nación que tampoco les da respuesta. Tanto que—augura Arias—esa gente que salió a votar en la primera ronda, también lo hará en la segunda.
Por lo pronto está claro que Restauración Nacional se ha consolidado tras haber ganado representación ahí donde se toman las decisiones a nivel nacional, regional y local y desde donde podrán impulsar sus proyecto o exigir cuota de poder. Queda manifiesto también que una política orientada a lograr reconocimiento en derechos humanos debe estar apoyada en una mejor redistribución de las rentas; ahí estará el gran reto: cómo hacer para que además de avanzar en políticias de reconocimiento dar respuesta a gente que está necesitada de las condiciones más básicas.