Sin silencios

¿Por qué el interés de desacreditar la univeresidad pública?

José Carlos Chinchilla Coto

Sin Silencios tenemos que decir que pocas veces como ahora las universidades públicas de Costa Rica están siendo objeto de una crítica que adquiere características de ataque a la institucionalidad, por parte de la clase política, cuando en el presupuesto de la República del año 2019, el Fondo Especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), que presupone un acuerdo firmado por la Comisión de Enlace por 511.154.72 millones de colones, le fue cercenado por diputados(as) 10 mil millones de colones.

La disminución corresponde en la práctica a una violación del artículo 85 de la Constitución de la República, al asumir la Asamblea Legislativas competencias impropias en relación al presupuesto y los acuerdos previos entre el gobierno y las universidades. Ello en tanto, al disminuir el monto acordado, se está no solo incumpliendo los acuerdos con la Comisión de Enlace, sino omitiendo lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política relativo a que se debe incluir en el presupuesto el ajuste correspondiente a la variación en el poder adquisitivo de la moneda.; con ello contradice “…que las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean otras mejoras que las sustituyan…”.

Junto a esta acción, que trasgrede el marco constitucional de acción institucional, vemos cotidianamente como mediáticamente existe una serie de informaciones unilaterales sobre las universidades públicas, que distorsiona el funcionamiento real y construye una post verdad de la vida universitaria. Entre otros se afirma: que la mayoría de estudiantes provienen de sectores económicos medios y altos, de colegios privados. Se efectúan comparaciones entre el presupuesto y el número de estudiantes para concluir el alto costo per cápita, ignorando las otras actividades de investigación, extensión, producción que son parte consustancial del quehacer universitario. Mención particular merece el tema salarial y lo que llaman “privilegios”, donde se exponen los salarios más altos y no la media salarial y donde se plantea que existen prerrogativas que llega a generar una imagen de la persona que trabaja en las universidades como si fuéramos “enemigos del pueblo”, ya que desean hacernos ver como los causantes de muchos de los males que vive el país.

No se entiende que es importante que las universidades cuenten con el mejor personal académico y administrativo para poder mantener la indiscutible función de contribuir a la movilidad social, el mejoramiento de la cultura, la económica, la vida personal y social del país, al contribuir con conocimiento, formación profesional y visión crítica a la sociedad y Estado costarricense.

Sin Silencios decimos que existe un interés lioso en el cual puede que sus objetivos para desacreditar las universidades no sea presupuestario, sino que tenga más relación con devaluar el peso moral, ético y de conocimiento que la sociedad costarricense le ha otorgado a las universidades para, con ello, impedir el peso de la crítica científica, cultural y humanística que las universidades públicas producen, en defensa del Estado Social de Derecho y la justicia social.