Lucha por presupuesto deja alivio, reclamos y suspenso

Víctor J. Barrantes C. / CAMPUS
vbarrant@una.cr

Las universidades públicas enfrentaron, nuevamente, la que ha sido su batalla mas repetida durante las últimas décadas: la defensa de su presupuesto. Esta vez sus reclamos estuvieron amparados en la autonomía que les confiere la Constitución Política, y en el respeto al estado social de derecho, de acatamiento para todos.

Y si bien hubo marcha atrás en la pretensión del Ministerio de Hacienda de tomar del Fondo Especial de la Educación (FEES) lo acordado en la cláusula V por la Comisión de Enlace el 18 de julio (“Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en ¢70.000 millones”), las universidades tendrán que hacer ajustes técnicos en sus presupuestos y trasladar una serie de gastos corrientes a gastos de capital para hacer frente a ambos compromisos, según explicó José Carlos Chinchilla, presidente del Consejo Universitario, tras el acuerdo con el gobierno.

Pero la lucha por el presupuesto ya había accionado las alertas sobre los alcances de lo negociado en los órganos superiores de conducción universitaria, así como en las diferentes unidades académicas, sedes regionales, oficinas administrativas, sindicato de trabajadores (Sitún) y movimiento estudiantil.

La lucha inició con el llamado a una marcha universitaria (el 22 de octubre) que acabó tras el acuerdo suscrito por los rectores de las universidades estatales agrupados en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el de la Universidad Técnica Nacional, los representantes de las federaciones estudiantiles, el presidente de la República, Carlos Alvarado y el ministro de la Presidencia, Víctor Morales. El convenio básicamente planteó el respeto irrestricto a los artículos 84 y 85 de la Constitución Política y la condición de que el gobierno de la República no hará clasificaciones de partidas del FEES distintas a las aprobadas por las universidades públicas. Se ponía fin al conflicto, al menos fuera de la universidad.

Este convenio, sin embargo, no satisfizo a un grupo de estudiantes que habían tomado el edificio de Rectoría desde el 17 de octubre y que pedía enmendar aquel acuerdo inicial del 18 de julio. Además, solicitaban la renuncia del directorio de la Federación de Estudiantes (Feuna) y del rector, Alberto Salom, por la que consideraron una falta de claridad en la negociación; a esta petitoria se sumarían otras voces de la institución, la del Sitún y la de la Feuna.

La protesta del movimiento estudiantil, denominado Asamblea Autónoma 17 de octubre, trajo otras consecuencias: llevó a la administración a suspender actividades el 23 y 24 de octubre en los campus Omar Dengo y Benjamín Núñez; a la fuerza pública a intervenir para aplacar la protesta (“de forma desmedida” según algunos miembros de la comunidad universitaria), a un grupo de la Asamblea de Representantes de la UNA a repudiar los actos de violencia que se dieron en la madrugada del 23 de octubre, y a pedir cuentas al rector Salom sobre la negociación del FEES, entre otros puntos.

En su defensa, el rector Alberto Salom puso énfasis, en una convocatoria al sector administrativa, el 21 de octubre, en la ilegalidad de las acciones que se han venido tomando desde los poderes ejecutivo y legislativo, mientras insiste que “(los rectores) no negociamos mal”, como se les ha acusado. Mientras tanto, espera que la Sala IV resuelva una acción de inconstituticonalidad, presentada en el 2018 por el Conare, sobre la improcedencia del recorte de 10 000 millones del FEES aprobado por la Asamblea Legislativa, para el 2019.

La protesta estudiantil finalizó el 25 de octubre, tras llegar a un arreglo con autoridades univesitarias mediante el que se comprometían a desalojar el inmueble y levantar el bloqueo de la calle principal; a cambio pidieron que no se dieran represalias hacia sus miembros, que se faciliten los documentos que evidencian el análisis técnico que utilizó el rector para la firma del acuerdo del FEES del 22 de octubre, solicitar a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa incorporar la propuesta de este movimiento y motivar a las unidades académicas para el análisis del FEES.

La representatividad, otro tema

Aunque en un principio la marcha tenía claro el objetivo de defender la autonomía universitaria ante el condicionamiento del gobierno para transferir los fondos del Estado a las universidades, al final emergieron otras razones que se mezclaron con la protesta, como el desencanto con la representatividad de quienes han sido elegidos para cargos de dirección.

Tras la participación de la Feuna en la negociación del 22 de octubre, el grupo de estudiantes de la Asamblea Autónoma 17 de octubre, dijo desconocer la representación estudiantil.

Esta reacción, a criterio de Guillermo Acuña, sociólogo de la UNA, responde a una crisis de representación en todos los órdenes políticos costarricenses. “Los resultados de las pasadas elecciones nacionales, la conformación de alianzas intersectoriales, el desarrollo de nuevas expresiones políticas vinculadas con prácticas confesionales, son tan solo algunos de los resultados de estas crisis de representación experimentadas en la sociedad y que se trasladan al plano de la organización estudiantil”.

En su criterio, tan compleja condición la debemos situar al interior de procesos más amplios de participación en coyunturas nacionales que se vienen experimentando desde hace algunas década (lucha por el combo ICE, lucha contra el TLC, coyuntura del plan fiscal de 2018, por ejemplo).

De igual forma, la Asamblea de Representantes convocó para el 31 de octubre, a una sesión en pleno para tomar acuerdos de carácter vinculante relacionados con los
puntos tratados en el primer pronunciamiento (rendición de cuentas del rector) y las implicaciones del acuerdo firmado en Casa Presidencial el 22 de octubre.

Ante este panorama, queda claro que la marcha cumplió su objetivo, que algunos sectores no se sienten representados por quienes han elegido y que este capítulo aún no se ha cerrado.

Una protesta singular Sobre los referentes de la protesta estudiantil, el sociólogo Guillermo Acuña expresó que el uso de la capucha en las protestas sociales son un elemento simbólico proveniente de contextos históricos y geográficos situados en América Latina, cuyo antecedente más inmediato y contemporáneo se ubica en el levantamiento social y contrahegemónico del Ejercito Zapatista para la Liberación Nacional (EZLN) del 1 de enero de 1994 realizado por hombres y mujeres indígenas. Su utilización—agrega—responde no sólo a una construcción identitaria al interior de los movimientos, sino a un elemento práctico y real: la protección de las identidades ante posibles represalias por parte de autoridades. La representación social y mediática de la capucha en la protesta ha construido ideas estereotipadas como “depositario de disfunciones y anomalías sociales” desde un discurso de invisibilización, negación y distorsión de su constitución como actores políticos, fuera de la organicidad política de estructuras de representación.