Tránsito hacia la esclavitud
El proyecto “Trata de personas, dignidad y derechos humanos: experiencias y perspectivas de investigación en Costa Rica” –financiado por el Plan de Cooperación de la UPO- es desarrollado por las y los académicos Nuria Cordero, Pilar Cruz e Inmaculada Sánchez, de la universidad española, y María de los Ángeles Carrillo, Ana María Hernández, Norman Solórzano y Guillermo Acuña, del Idespo-UNA. |
Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.ac.cr
“El concepto trata de personas dificulta entender a qué nos estamos refiriendo; la palabra claramente es esclavitud, independientemente de si ésta es sexual, laboral o de otra índole”, subraya la investigadora española Inmaculada Sánchez, integrante del equipo del proyecto Trata de personas, dignidad y derechos humanos: experiencias y perspectivas de investigación en Costa Rica, desarrollado en conjunto por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), de España, y el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA).
Por medio del engaño, las víctimas de trata son utilizadas para la explotación laboral (doméstica, en fábricas, industria pesquera, construcción, trabajos agrícolas), sexual (prostitución, pornografía, pedofilia, turismo sexual) o en prácticas diversas (mendicidad, venta de órganos, embarazos forzados con fines de adopción).
No por casualidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNICEF-por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), califican la trata de personas como un tipo de “esclavitud moderna”, cuya huella destructora se ha imprimido fuertemente en Costa Rica en la última década, conforme ha crecido el turismo, principal fuente de divisas.
De hecho, en esta materia, a Costa Rica se le conoce como un país de tránsito de víctimas con destino a Estados Unidos, México, Canadá y Europa. También se sabe que mujeres y niñas procedentes de Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Panamá, Rusia, Uzbekistán y Filipinas son trasladadas al país para la explotación sexual, y que mujeres y menores costarricenses son víctimas de la trata interna o son llevados a El Salvador, Guatemala, Japón y Estados Unidos con el mismo fin.
Esta realidad -oculta de la vista del público dada la índole ilegal e inhumana de este lucrativo negocio-, es la que justifica el desarrollo de este proyecto conjunto UPO-UNA, el cual no solo pretende visibilizar las situaciones de vulnerabilidad que padecen las personas sometidas a la trata, sino contribuir a potenciar los esfuerzos por combatirla mediante un abordaje interdisciplinario y cimentado en el respeto por la dignidad y los derechos humanos.
Un asunto de atención urgente
Como explicó Nuria Cordero, de la UPO, las víctimas de trata son personas vulnerables, ya sea por pobreza u otros parámetros, por lo que si no cuentan con apoyo suficiente de parte de instituciones son susceptibles a recaer en esta situación de esclavitud.
Su colega Pilar Cruz recalcó que la vulnerabilidad no está relacionada únicamente con las condiciones de pobreza o de una educación limitada, ya que también ocurren casos de jóvenes estudiantes, quienes son conectadas por redes internacionales para llevarlas a otros países, en un momento de vulnerabilidad psicológica. “Como decía una personera de las instituciones que entrevistamos, basta con que una persona tenga un sueño para que sea objeto de una red que ofrezca facilitárselo”.
La directora del IDESPO, María de los Ángeles Carrillo y la investigadora Ana María Hernández resumieron algunas de las acciones que se han tomado en el país, que van desde la creación de la Coalisión Nacional contra el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas, la promulgación de leyes y la presentación de un proyecto de ley, hasta la transmisión de tres campañas publicitarias en los medios de comunicación alertando sobre el tema, impulsada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y financiada por la OIM.
Según el diagnóstico realizado por el equipo interuniversitario, en Costa Rica, hay una búsqueda de coordinación entre instituciones y organizaciones no gubernamentales, que incluye a la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Pública con la Dirección General de Migración y las distintas policías, el OIJ, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Poder Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y distintas organizaciones no gubernamentales como Rahab, Paniamor y Defensa de la Niñez Internacional (DNI), entre otras entidades.
También el IDESPO, desde el trabajo investigativo, ya había incursionado en el tema en dos encuestas de opinión pública en 2009 y 2010, cuyos resultados muestran que la población costarricense percibe que es urgente atender la trata de personas, pero que el país no tiene los mecanismos para enfrentarla, sobre todo tomando en cuenta que -como subraya Ana María Hernández-, se trata de un problema “donde hay pocas denuncias y mucho de situación oculta”.