De la independencia judicial a la democracia
Samantha Ramírez / Para CAMPUSSma91nana@hotmail.com
¿Qué solución se plantea ante dicha problemática? La independencia judicial, un tema que ha estado en boga entre juristas y personas interesadas durante largo tiempo. En el programa televisivo UNA Mirada, varios expertos abordaron el problema y la relevancia que tiene para el desarrollo de una adecuada democracia.
El optimismo de Celso Gamboa, viceministro de Seguridad, según el cual el principio de independencia en el que se mueve el poder judicial es de celebrar, contrasta con el de muchas personas que manifestaron, en un sondeo popular, que no existe tal independencia judicial.
Aún más, las personas entrevistadas abogan por un limpio ejercicio de la práctica jurisdiccional, solicitan que no exista intromisión por parte de otros funcionarios influyentes de los poderes ejecutivo, legislativo o del mismo judicial e insisten en la necesidad de que el juez tenga la libertad de emitir su resolución sin presiones de ninguna especie. Otro aspecto que la gente valora como negativo es que, por un asunto de jerarquía, los jueces o las juezas de mayor rango deroguen lo ya dictado por otros jueces.
Pero no se trata únicamente de que los jueces tengan mayor libertad y confianza para aplicar la ley, sino de definir su cuota de responsabilidad. Los ciudadanos consideran que los jueces deben tener la capacidad de separar su conciencia de la aplicación del derecho; entender que el derecho es la aplicación de las normas y no de la justicia que cada quien tenga y que los jueces lo que deben hacer es interpretar las normas y no crearlas.
El tema es complejo. Adriana Orocú, presidenta de la Asociación de Jueces, considera que la importancia de que exista la independencia judicial es comparable a que un ser humano respire. Se trata de que haya independencia en el sistema judicial en general y en cada juez, a la hora de emitir sus resoluciones. La asociación que representa es, justamente, defensora de este principio fundamental.
Un hecho que ha contribuido con la anhelada independencia judicial se dio en 1993, cuando se creó la ley de carrera judicial, la cual rompió con la práctica de nombrar jueces a dedo por un pequeño comité. La creación de la carrera judicial vino a transparentar el proceso de elección de los jueces, pues los profesionales deben concursar para ejercer el cargo.
Sin embargo, aún perviven otros obstáculos que atentan contra un servicio judicial adecuado y justo. Las presiones, tanto externas como internas, que viven los jueces son un ejemplo de cómo se puede limitar su accionar. Sin embargo, con la independencia judicial, se pretende brindarle a los jueces un espacio libre para que se sientan seguros de ejercer su labor sin repercutir en los resultados de sus juicios, mientras estos se apeguen a la legislación, pues como comentó Rafael Ángel Guillén, ex director del Organismo de Investigación Judicial, “la libertad del juez es la que fortalece la democracia; no puede haber un sistema democrático si el sistema judicial no es independiente”.
Otro de los mayores temores de los jueces es la destitución de sus cargos o la imposición de sanciones por la mera interpretación de la norma. Sin embargo, también se han dado casos en donde los jueces son sancionados cuando sus resoluciones afectan los intereses de determinados grupos de poder. Dicha situación, evidentemente, viola la independencia judicial y los lleva a imponer prisión preventiva en muchos casos, con el fin de no ser sancionados y así conservar su puesto.
José Carlos Chinchilla, sociólogo de la Universidad Nacional, recordó que el Estatuto Iberoamericano del Juez le garantiza al juez la seguridad (física y laboral), justamente para ejercer la independencia con toda libertad.
Más que un derecho del juez, un deber del ciudadano
“Nosotros no debemos renunciar jamás a la independencia del juez. Es más, es algo que ni siquiera los jueces deberían defender, sino nosotros los ciudadanos. Entre más imparcial sea el juez, mayor garantía para los ciudadanos de tener un juzgamiento acorde con los hechos, la prueba y el derecho, ajeno a las influencias de jefes, a las influencias de la prensa y de cualquier persona”, comentó Jorge Chavarría, fiscal general de la República.
Lo que debe extraerse de la cita anterior es que la independencia judicial no implica ningún portillo donde el juez pueda cerrarse y de ésta forma ser intocable en sus resoluciones, sino mas bien que constituye un derecho fundamental del ciudadano y una obligación de jueces y juezas, que permite reforzar la confianza en las resoluciones.
Según Guillén, quien también es abogado, cuando se topa con un juez tranquilo, con gran serenidad, tanto él como el abogado se sienten satisfechos, aún más el abogado cuando interpreta que la decisión ha sido tomada en una forma austera, sin especulaciones ni influencias supuestas, eso también le da confianza al litigante.
Por otra parte, es importante considerar también que es una obligación del Estado garantizarle a los jueces integridad, tanto física como de trabajo, ante la arremetida y presión del crimen organizado. Esta protección, según Orocú, no es la adecuada, pues incluso casos ordinarios como el de pensión alimentaria pueden constituir una situación de riesgo eminente. “Ha habido casos de sicariato donde todo un tribunal ha sido amenazado; se tiene que poner protección pero se ha llegado al absurdo de que si se interrumpe el juicio por tres días, se interrumpe la protección al juez como si en esos tres días también cesarán las amenazas. El juez debe también tener seguridad económica por alguna eventual presión de éste tipo por parte del crimen organizado”, concluyó.