Final de una cruel historia de acoso laboral
Miguel Calderón Fernández (*)miguel_calderon@hotmail.com
Con el voto Nº 10-2012 emitido por el Tribunal Universitario de Apelaciones (TUA), el 31 de mayo del 2012, se puso punto final a un procedimiento disciplinario con pretensión de despido, que las autoridades de tres administraciones universitarias mantuvieron abierto en mi contra, acusándome de incurrir en mi condición de decano de la Sede Regional Brunca, en faltas graves, supuestamente violatorias del control interno y constitutivas de corrupción, por lo que procedieron a suspenderme de mi cargo con goce de salario desde mayo del año 2005, para que no obstaculizara, supuestamente, la investigación.
Por un lapso de siete años, viví, junto a mi familia, en la más absoluta inseguridad jurídica, expuestos al escarnio público porque fui acusado públicamente de corrupción; durante ese tiempo, soporté un estrés y acoso moral indescriptible, que me llevó a un grave deterioro de mi salud física y emocional; situación que fue extensiva a mi familia que soportó la vergüenza de esa acusación en una comunidad pequeña como Pérez Zeledón, donde todos nos conocemos.
El espacio que me facilita CAMPUS no me permite explicar con detalle lo que consta en casi 3000 folios de expediente y que llevaron al TUA a exonerarme de responsabilidad, pero en defensa de mi buen nombre y el de mi familia, debo destacar de ese procedimiento lo siguiente:
Todo el conflicto se originó porque un grupo de funcionarios de la Sede Regional Brunca, inconformes con mi triunfo en las elecciones al Decanato de dicha sede e irrespetando la decisión democrática que me eligió por mayoría, se empeñó en impedirme asumir el cargo; utilizaron para su propósito el clima electoral previo a la elección de la Rectoría del año 2005, involucrando en su trama a una de las tendencias en esa campaña y al sindicato SITUN.
Una vez puesto en marcha el proceso inquisitorio, ni la resolución de la Sala Constitucional que ordenó reintegrarme en mi puesto de decano, ni la opinión de abogados externos contratados por el rector Segura, quienes recomendaron archivar el procedimiento, porque no había un caso en mi contra, sirvieron para detener el circo montado. La tozudez fue de tal grado, que el Rector de entonces no pudo —por presiones sindicales y de miembros del Consejo Universitario— utilizar un plan o “hoja de ruta”, elaborado por uno de los abogados institucionales (que ya no está en la UNA) para aplicar un mecanismo de solución alterna al conflicto y archivar el proceso mediante una conciliación; procedimiento que sí se aplicó para resolver el expediente de la señora vicedecana, el cual era idéntico al mío y que, por tanto, demostró ser jurídicamente viable.
Pero la máxima expresión de irracionalidad y de acoso laboral puede apreciarse cuando la administración universitaria actual de la Sede Brunca desestimó la recomendación del Órgano Instructor para que se archivara el expediente y se me liberara de responsabilidad, emitida a mediados del año pasado y, en su lugar, ordena reabrir las audiencias y traer nuevos testigos, para justificar, los cargos formulados seis años antes en mi contra y ya desvirtuados en el expediente.
Aunque la maniobra no aportó nuevos elementos para responsabilizarme de las conductas acusadas, se justificó todo lo actuado, dictando una resolución donde se me condenó no por cometer las faltas por las que se me acusó inicialmente, sino por incurrir en su tentativa o tener la intención de cometerlas; o por no ser vigilante de que otras personas no las cometieran. Este extraño razonamiento, que solo puede entenderse por la desesperación y la necesidad de justificar siete años de acoso laboral en mi contra, fue increíblemente avalado por la Asesoría Jurídica institucional mediante el Dictamen Nº AJ-D-263-2012.
Finalmente, el TUA, con el voto Nº 10-2012 de 31 de mayo del 2012, se aparta expresamente del criterio de la Asesoría Jurídica, poniendo punto final a este largo episodio de persecución laboral, absolviéndome de toda responsabilidad y revocando la resolución sancionatoria, decisión que quedó firme en junio del presente año.
Como universitario, no obstante, veo con preocupación el futuro; en la UNA no existen políticas de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, lo que estimula el uso de este deplorable instrumento para mantener cuestionables privilegios o impedir —mediante falsas denuncias— que los más destacados universitarios asuman la responsabilidad en la gestión académica, con lo cual estamos comprometiendo el futuro. Urge abrir un debate franco al respecto.
(*) Ex Decano de la Sede Regional Brunca.
(Las opiniones publicadas en esta sección son exclusivas de sus autores y no representan necesariamente la línea editorial del periódico CAMPUS).