Sin… silencios
Ley para la Corrupción y la Impunidad
José Carlos Chinchilla Coto |
Desde las denuncias de la prensa y la televisión sobre los ex presidentes Calderón y Rodríguez —condenados por la justicia costarricense—, la necesidad de un periodismo que escudriña e investiga para aclarar dudas, determinar prácticas inadmisibles en el quehacer público, y revelar la corrupción, se evidenció como necesidad de la democracia.
Así, las denuncias del Semanario Universidad dirigido por Laura Martínez sobre el “Memorando del miedo” elaborado por Fernando Sánchez- (hoy en el Vaticano-) y un ex vicepresidente, nunca hubiesen sido conocidos. Igualmente las atrocidades de la “Trocha de la vergüenza” o el caso del ex Ministro Herrero y la asesora presidencial. Con silencios, estaría todavía el ex ministro en su despacho e ingenuamente el pueblo aplaudiendo la carretera de la “soberanía”.
La diferencia entre seguir en la ignorancia o ver la realidad de los hechos, está condicionada por la capacidad de informar; y ésta por el acceso libre a las fuentes, la actitud ética y la responsabilidad social de la labor periodística.
Ante denuncias, políticos reaccionan para evitar que la prensa continúe ejerciendo su libertad y compromiso de informar. Así se ha legislado modificando del Código Penal, artículos 196 y 288, con la aprobación de la “Ley de delitos informáticos”, “Ley Mordaza”, penando con cárcel a periodistas y directores de medios que sin consentimiento de la fuente accedan o difundan documentos o informes dirigidos a otras personas. Asímismo, cuando indebidamente se acceda a “informaciones secretas políticas o de seguridad” (la construcción de la trocha se mantuvo como secreto). Esta arquitectura legislativa afecta la labor periodística y atenta contra el derecho a la información de periodistas y medios; pero sobre todo de la ciudadanía.
Quienes planearon la modificación no parecen haber cometido un error, sino todo lo contrario; en tanto, lo que se pretende proteger no es a la ciudadanía de los corruptos; sino garantizar que eventuales actos de corrupción queden (al no poder ser denunciados) impunes.
No podemos guardar silencio y dejar de denunciar el cinismo de alguna clase política y otros(as) quienes, en la angustia de la gestión política y labor legislativa, apoyan las nuevas legislaciones sin considerar el beneficio o no de la ciudadanía y el país.
Como parte de la ciudadanía debemos rechazar que la clase política irresponsable legisle en función de sus intereses particulares o de lo contrario nos quedaremos sin acceso real a la información y al ejercicio democrático.
Sin DERECHO a investigar y denunciar, la opacidad del poder cubriría todas las esperanzas de una nueva luz de honestidad y gestión efectiva y democrática en el Estado Costarricense.