Pobreza y desigualdad: La paradoja del país más feliz
Rafael Arias R. (*)rafari18@gmail.com
Una de las causas más importantes que alimenta los crecientes vacíos de las instituciones públicas para lograr una mejor asignación y distribución de los servicios sociales y productivos tiene que ver con la ausencia de un liderazgo político comprometido con retomar el círculo virtuoso de desarrollo con equidad, que caracterizó el estilo de desarrollo de Costa Rica en el período de la Segunda República. Un círculo virtuoso amparado en el mandato constitucional expresado en el artículo 50 de nuestra Constitución Política.
La creciente incapacidad institucional y de conducción política han sido el rasgo común de los gobiernos de las últimas tres décadas, incapaces de diseñar e implementar una política social ampliada que contemple programas estratégicos de creación de capacidades de las personas, de las familias y de las comunidades, con el fin de reducir sostenidamente la pobreza, promover empleos productivos y mejorar la distribución de la riqueza producida.
Nuestro país ha tenido grandes deficiencias para definir políticas más efectivas tendientes a reducir sostenidamente la pobreza y el gran dilema que significa su vulnerabilidad. Según datos del Estado de la Nación, hay cerca de un 13 por ciento de los hogares costarricenses que son altamente vulnerables a caer bajo la línea de la pobreza. Esta situación, aunada a la creciente desigualdad de la distribución del ingreso en la última década, medida por el coeficiente de Gini, nos constata la tesis de que la política social de los últimos gobiernos ha sido insuficiente para abordar con éxito los objetivos de reducción de la pobreza y la desigualdad.
Para romper el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad, se requieren arreglos institucionales que hagan más eficiente y eficaz la intervención pública para integrar a los sectores sociales en desventaja al proceso de producción y distribución de la riqueza producida. Este debe ser el cometido del buen gobierno, del gobierno comprometido con impulsar las políticas de desarrollo necesarias para dotar a su población de mejores condiciones de vida. Esto se podría hacer si existiera la voluntad de gobernar, como reiteradamente ha sido planteado por Johnny Meoño (2009), de acuerdo con las normas constitucionales y legales contempladas en la Constitución Política, en la Ley de Planificación Nacional y en la Ley General de la Administración Pública. Dicho marco normativo provee los mecanismos para una dirección, planificación, organización, control y evaluación de los procesos y la política pública para el desarrollo.
Si se gobernara en congruencia con el modelo país consignado en nuestra constitución y amparado a los principios de conducción y dirección de nuestras leyes superiores, Costa Rica podría retomar el círculo virtuoso del crecimiento con equidad. Un círculo virtuoso que produciría mayores capacidades en las personas y oportunidades de empleo productivo: dos aspectos fundamentales para reducir la pobreza y la desigualdad de forma sostenida.
(*) Profesor e investigador,
Escuela de Economía-UNA.