Transformación productiva con equidad: Una visión de desarrollo para Costa Rica
Rafael Arias R. (*) Abrir el espacio para la discusión de la agenda de desarrollo para el largo plazo es una decisión no solo necesaria, sino impostergable para nuestro país. Sin embargo, el esfuerzo perdería su objetivo central si no se le da el sentido de dirección que se encuentra consignado en nuestra Constitución Política y en lamisma Ley de Planificación Nacional. Parece haber consenso en que las dificultades para promover una estrategia de desarrollo que logre lo que la CEPAL ha denominado ‘transformación productiva con equidad”, y que está estipulado en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, tiene que ver con los vacíos de dirección y de gestión estratégica de los distintos gobiernos.
La política de desarrollo de los últimos 20 años no ha puesto suficiente atención en el desarrollo de políticas de promoción de las micro, pequeñas y medianas unidades de producción. Asimismo, la ausencia de políticas de creación de capacidades de las comunidades locales y regionales para insertarse dentro de la nueva dinámica del desarrollo basado en las exportaciones y el sector turismo, se ha visto plasmada en crecientes asimetrías en cuanto al desarrollo de los sectores asociados con el sector externo y aquellos que dependen del mercado local. Por otro lado, la estrategia de desarrollo no ha sido capaz de promover un crecimiento más equilibrado entre las distintas regiones del país.
El desarrollo sostenible, ambiental y socialmente requiere de una transformación productiva, que combine un manejo eficiente de las variables macroeconómicas con políticas sectoriales que promuevan encadenamientos dinámicos entre los distintos sectores productivos. En este sentido, es necesario que el país promueva una estrategia de desarrollo que contemple la articulación sectorial y la planificación regional, para alcanzar un mayor dinamismo del aparato productivo.
Para que el desarrollo sea ambientalmente sostenible se tendrá que asumir un compromiso inquebrantable con la protección y preservación de los recursos naturales y un ambiente sano. Esto significa no solo el cumplimiento irrestricto del marco jurídico e institucional existente en esta materia, sino también aumentar la inversión en saneamiento ambiental y el desarrollo de energías limpias, aspectos en los que el país presenta serias deficiencias. En cuanto a la sostenibilidad social, la transformación productiva debe estar acompañada por medidas redistributivas. En este sentido, es diseñar políticas públicas efectivas para incorporar a los sectores en desventaja socioeconómica a las actividades de creciente productividad. Para ello, se pueden establecer medidas redistributivas complementarias, entre las que se encuentran el desarrollo de capacidades de las comunidades, el acceso a los activos productivos y a servicios públicos de calidad.
En el ámbito regional, se debe poner énfasis en reducir las desigualdades y asimetrías regionales en materia de desarrollo productivo y humano. Para ello se requiere de políticas de desarrollo regional que contemplen la potenciación de los recursos endógenos y capacidades propias de las distintas regiones y sus comunidades. La identificación y promoción de núcleos endógenos de desarrollo es un aspecto clave para promover la atracción de inversiones, la creación de pequeñas y medianas empresas y el empleo productivo. Aunado a lo anterior, es necesario implementar programas de capacitación del recurso humano de forma tal que su capacidad de trabajo pueda ser mejorada en función de aumentar los ingresos de los hogares.
Dos ejes fundamentales en la estrategia de desarrollo son la formación de recursos humanos y la innovación tecnológica. El país debería contar con un plan sostenido en el tiempo abocado al mejoramiento y elevación de la oferta educativa en sus distintos niveles: preescolar, primaria, secundaria y universitaria. Así como promover la investigación científica y tecnológica mediante el financiamiento y promoción de la investigación universitaria y la creación de parques tecnológicos bajo un esquema eficiente de alianza público-privada.
Las inversiones en infraestructura física y social que se requiere para promover una estrategia de desarrollo de largo plazo demandan un cambio sustantivo en la política fiscal, de manera tal que se logre aumentar el ahorro público, para financiar la inversión en factores de competitividad y mejorar la redistribución de los beneficios del crecimiento.
El gran reto del Estado costarricense en los próximos años es el de realizar los cambios institucionales que promuevan una transformación productiva con equidad consistente con el artículo 50 de nuestra Constitución Política. Retomar el camino costarricense del desarrollo implica propiciar los espacios y crear los mecanismos para un diálogo nacional que ponga en el centro de la agenda del desarrollo el círculo virtuoso entre el crecimiento económico y el desarrollo humano.
(*) Académico Escuela de Economía-UNA