Indignación tica
Silvia Monturiol F. /CAMPUSsmonturi@una.cr
La construcción del malestar es uno de las principales coincidencias que destaca el analista Norman Solórzano, coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA). “No es un malestar de hoy, es un malestar que se viene arrastrando por acciones que se vienen realizando desde 30 años atrás”.
Un proceso sistemático de desestructuración del estado de bienestar, la corrupción como práctica continuada y el cierre paulatino de los espacios de participación política, se han convertido en los principales generadores de malestar entre la población costarricense, con la consecuente movilización popular.
No fue muy diferente en el caso del 15 M, resultado de un proceso de acumulación de malestar por acciones tomadas por los gobiernos españoles -incluso desde el final de la dictadura-, las cuales han venido socavando el estado de bienestar al punto de hacerlo incapaz de cumplir las promesas de movilidad social y acceso a servicios.
En Costa Rica, el ataque al estado de bienestar, producto de la aplicación de un proceso y un programa neoliberal, se va cristalizando –según Solórzano- a partir de los programas de ajuste estructural y alcanzan su máxima expresión con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y las respetivas leyes de implementación.
Dentro de esta dinámica, paralelamente se da el proceso de privatización o de lo que se ha denominado apertura del sistema productivo de la economía costarricense. “No es ninguna apertura, es simplemente poner el proceso productivo nacional en función de las exigencias del mercado internacional, desatendiendo las necesidades del mercado interno”, advierte el sociólogo.
Corrupción y pérdida de credibilidad
Norman Solórzano, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales, considera que movimientos sociales como Foro de Occidente son escuelas políticas. |
“Nosotros los vamos a ver como escándalos de corrupción, lo que en mucho tiene que ver con una construcción mediática, pero luego nos damos cuenta de que no son casos sino toda una práctica ya continuada que va ligada y casi necesariamente pareja con el mismo proceso de privatización”, subraya el coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales.
En el ámbito político, el malestar se ha activado por el cierre paulatino de los espacios de participación. Solórzano explica que tanto en España como aquí, en un determinado momento, las élites empresariales entienden que los partidos, como espacios de acción política, cumplen una función y entonces empiezan a coparlos.
De esta forma, las élites empresariales pasan a formar parte de las estructuras partidarias; no obstante, una vez obtenido el poder, esas mismas élites entienden que el partido es prescindible, a menos que se convierta en un dispositivo de gerenciamiento.
El partido, entonces, deja de ser un ente para la participación ciudadana y la representación, para convertirse simplemente en un instrumento en la lógica de gerenciamiento de la cosa pública.
“Se cierran los espacios. Ya un espacio de representación y discusión política como el parlamento deja de ser ese espacio donde se toman las grandes decisiones”, subraya el analista. Recuerda que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio no se discutió en la Asamblea Legislativa. “Primero lo orquestaron y lo articularon los sectores “técnicos” (COMEX, Ministerio de Comercio Exterior, etc.), pero ¿a quién responden éstos? A los intereses patronales y de los cuerpos empresariales”.
La comprobación de que ya los supuestos órganos de representación no representan a los ciudadanos conduce a la pérdida de credibilidad tanto en el parlamento como en los partidos políticos. Tampoco la institucionalidad responde. De parte de esta no solo se da una “sordera” ante las demandas ciudadanas sino que criminaliza la protesta y se pretende usar la fuerza para controlarla.
De la criminalización a la visibilidad
De hecho, Solórzano resalta que no solo el gobierno, sino los medios de comunicación tradicionales han venido criminalizado la protesta… ¡hasta ahora! “Por primera vez los medios no criminalizaron que hubiera bloqueos en las calles”, afirma el especialista, al referirse al Foro de Occidente y la lucha que emprendió en contra de la concesión de la carretera San Ramón-San José.
En este caso particular era muy evidente la corrupción, la ilegalidad, pero, también habían intereses intraclase de las élites que estaban opuestos. Solórzano celebra que este movimiento se visibilizara, pero coincide con los integrantes de esta agrupación en que no se puede decir que la lucha está ganada. “No podemos ingenuamente pensar que las élites políticas están poniendo sus barbas en remojo; están cambiando sus cálculos políticos, eso sí”, destacó Solórzano.
“Sí empieza a haber un cambio en términos de la conciencia ciudadana de que la cuestión pública también le compete”. En ese sentido, él considera que el Foro de Occidente es profundamente una lucha política, donde el ciudadano ejerce su derecho a expresarse, a pedir, a reclamar.
También son causas políticas las luchas por el agua en Sardinal y otras comunidades, contra la minería, contra las piñeras… Estas luchas, que fueron criminalizadas en su momento, constituyen junto al movimiento Foro de Occidente, escuelas políticas, escuelas de educación ciudadana, en el sentido de que generan un sujeto ciudadano que piensa, que habla, que decide, que discute y que actúa sobre las cuestiones que le afectan.
“Cuando pidamos espacios de discusión y reconozcamos que el decidir las cuestiones que afectan a nuestro barrio y a nuestro país es un derecho y una responsabilidad, reivindicamos la política”, concluyó Solórzano.