De la crítica a la práctica política, la incapacidad de dirección y del clientelismo de nuestros gobiernos
Rafael Arias R. (*)No han sido pocas las voces, tampoco muchas, coherentemente críticas de la incapacidad de liderazgo y capacidad de dirección de nuestros gobiernos de las últimas décadas. Uno de los intelectuales nacionales que más ha insistido en los males endémicos de nuestros gobiernos y de la ausencia de orientación constitucional de los mismos, ha sido el Dr. Johnny Meoño Segura. Han sido abundantes los documentos que el Dr. Meoño ha escrito no solo para identificar los orígenes y causas de la errática conducción gubernamental en Costa Rica, sino también para recomendar y proponer soluciones a los problemas que han venido erosionando la credibilidad en nuestra institucionalidad democrática.
Conocedor profundo del marco jurídico e institucional de nuestro país, el Dr. Meoño considera que uno de los principales causantes de los vacíos de conducción es el gobernar dándole la espalda a nuestras leyes superiores y, particularmente, a nuestra Constitución Política y a las responsabilidades indelegables que la misma contiene. El resultado no ha sido otro que una improvisada e inefectiva conducción política y gestión de los procesos, instituciones y recursos disponibles para el desarrollo del país
Los acontecimientos políticos de los últimos años en nuestro país confirman el carácter errático de la conducción política, no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo y de muchas otras instancias públicas que no están haciendo su trabajo como corresponde: apegados a las reglas del juego que el ordenamiento jurídico (leyes superiores) les confiere y demanda. Lo más preocupante de todo es que las instancias llamadas a ejercer control político y rendición de cuentas también estén haciendo su trabajo de una forma incompleta o en contravía a sus responsabilidades y obligaciones constitucionales. Los ejemplos son múltiples: los pactos partidistas y clientelistas (de cuotas de poder) en la Asamblea Legislativa, que lleva al contubernio para la no elección del magistrado Fernando Cruz a la Sala IV, el caso Crucitas, la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social y los ineficientes controles, fiscalización y regulación a las concesiones de obra pública, lo cual se ha expresado en múltiples ejemplos como: La ruta San José-Caldera, la trocha fronteriza y, más recientemente, la ruta San José-San Ramón.
Esta práctica política, que se ha venido institucionalizando en nuestro país, ha generado un gran descontento social contra el gobierno y los partidos políticos, expresado en múltiples manifestaciones públicas de la ciudadanía (algunas de desobediencia civil). Dichas manifestaciones, aunque todavía dispersas en su organización, expresan, no solo, preocupaciones en torno a aspectos coyunturales que motivan la movilización social, sino también a fenómenos más de carácter estructural-institucional, como la corrupción, las componendas políticas para proteger intereses y privilegios, la erosión de la institucionalidad democrática y la creciente desigualdad socioeconómica.
La crítica que desde todos los sectores se ha esgrimido en las últimas semanas contra las prácticas políticas perversas, la incapacidad de dirección estratégica para el bien común y el clientelismo galopante (resultado de maquinarias electorales buscadoras de rentas) y extendido en muchos otros espacios y terrenos de la vida costarricense; es una crítica necesaria. Sin embargo, esta crítica sería vacía si no conduce a una acción civil, individual y colectiva, coherente con el discurso en contra del clientelismo y la corrupción en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Una acción colectiva por el bien común, firme en no reproducir las prácticas políticas del clientelismo, las cuotas de poder, el tráfico de influencias y la corrupción en nuestros espacios de acción y decisión más inmediatos.
(*) Académico de la Escuela de Economía de la UNA