Herencia fiscal confirma deterioro en las finanzas del gobierno central
Manuel Zúñiga G., Jessica Espinoza G. Julio Espinosa R. (*), para CAMPUSEs característico encontrar que el gasto en el largo plazo mantiene una tendencia creciente; mientras el ingreso muestra un comportamiento más irregular, básicamente porque evidencia una dependencia marcada con respecto al desempeño general de la economía. En ese sentido, mientras que la tasa de crecimiento de la economía aumente, igualmente lo harán los ingresos; pero, también si esa tasa disminuye, del mismo modo los ingresos.
El menor crecimiento de la economía mundial en ese período de gobierno provocó que la producción costarricense mostrara un modesto desempeño, disminuyendo la recaudación y por consiguiente los ingresos. Esto quiere decir que cuando los ingresos son menores a los gastos el resultado será deficitario; es decir, no alcanzan los ingresos para cubrir los gastos, así de sencillo.
Durante esta administración, en lo que a los ingresos respecta, en promedio el 73,0% de estos provienen de tres fuentes; a saber, el impuesto de ventas, el de renta y el de los combustibles. En otras palabras, de cada ¢100 recaudados, ¢73 lo aportan estos tres impuestos. El porcentaje restante de los ingresos vienen dados por otros tributos (consumo, importaciones, transferencias) que cada uno de ellos no representa más del 5%.
Por el lado de los gastos, aproximadamente el 95,0% de estos están dados por las transferencias, las remuneraciones y los intereses. En otras palabras, de cada ¢100 gastados, ¢95 se destinan a esos tres rubros. Los gastos de capital junto con los gastos de bienes y servicios representan el 5% restante. Como se puede observar, estos egresos son irrenunciables, situación conocida como la “inflexibilidad del gasto”. Esto no solo es una característica de las finanzas públicas costarricenses, sino que además reduce el margen de maniobra para la gestión del gasto de las autoridades de turno.
A lo largo del período 2010-2014 los ingresos crecieron, en promedio 9,1%, mientras que los gastos lo hicieron 13,0%. Esta situación explica el faltante de recursos, reflejado en el déficit fiscal, que en promedio fue de 4,8% del PIB, en ese lapso (ver gráfico). Es importante destacar que esta administración tramitó un proyecto de reforma fiscal para reducir el déficit que consistía en generar recursos adicionales para mejorar la distribución del ingreso mediante programas sociales, evitar un aumento de la deuda pública, desarrollar la infraestructura y simplificar el sistema para reducir la evasión.
De acuerdo con lo anterior y ante la desaprobación por parte de la Sala IV de la reforma fiscal, la presidenta Chinchilla sentenció que, si “(…) los diputados no logran decirle al país cómo, alternativamente, vamos a cerrar este hueco fiscal, el precio mayor lo pagará la próxima administración”. Estas palabras confirman que parte de la herencia fiscal del gobierno central, para el presente año será un déficit de 6,0%, así como una deuda del 40,3%, en ambos casos como porcentaje del PIB.
Este faltante de recursos ha sido financiado a través de la deuda pública, mediante emisiones locales e internacionales. Cabe destacar que las autoridades acudieron al mercado internacional en los meses de noviembre 2012, abril 2013 y 2014 colocando en cada una de estas emisiones US$1.000 millones. Esto permitió a las autoridades aprovechar un menor costo relativo por la cancelación de intereses, alargar los períodos de vencimiento y también restar presión a las tasas de interés locales.
La administración concluye con una Agenda para un diálogo nacional la cual gira en torno a cuatro elementos: el fortalecimiento de la gobernabilidad y la transparencia fiscal; una mayor eficiencia y calidad en el gasto público; un sistema tributario y aduanero más simple, progresivo y justo; y una estrategia de financiamiento y ejecución de inversión pública más efectiva. El objetivo de esta agenda fue discutir de manera impostergable alternativas para enfrentar la situación fiscal; de lo contrario, el país continuará sacrificando la infraestructura, los servicios públicos y el bienestar general de la población.
(*) Académicos e investigadores Programa Estudios Fiscales Escuela Economía UNA