Por una justicia pronta y cumplida en comunidades rurales
Silvia Monturiol F. /CAMPUSsmontuti@una.cr
El 29 de noviembre pasado, en el auditorio del Poder Judicial, se realizó la graduación de estos funcionarios, quienes asumen la tarea voluntaria de orientar a líderes comunales que actúan como facilitadores judiciales.
Los facilitadores de justicia se convierten en mediadores entre los vecinos y los operadores de justicia para facilitar el acceso a la justicia y contribuir a la resolución pacífica de conflictos en comunidades rurales del país.
La capacitación se impartió en grupos distribuidos en distintas regiones del país de la siguiente manera: cuatro en Heredia centro, uno en Sarapiquí, dos en Limón, dos en San Carlos, uno en Tacares, uno en Puntarenas y tres en Pérez Zeledón.
En representación del Poder Judicial, el magistrado José Manuel Arroyo destacó la importancia de la alianza entre el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CONAMAC) y la UNA, especialmente en momentos en que la democracia y la institucionalidad de los países se ven amenazadas por acciones del crimen organizado y la corrupción pública y privada.
“Este evento tiene la virtud de decirle a los habitantes que hay iniciativas que pueden ayudar a mantener la convivencia pacífica dentro del marco legal; este es un voluntariado democrático del más alto valor”, subrayó.
José Carlos Chinchilla, enlace académico y coordinador del posgrado en Administración de Justicia, manifestó que para transformar la cultura opresiva por una cultura de paz se requiere de agentes componedores que contribuyan a la convivencia pacífica a partir del vínculo con la sociedad.
La gerente general de Desarrollo del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA, Silvia Porras, manifestó que la iniciativa combate la desigualdad en el acceso a la justicia, la cual obstaculiza el ejercicio práctico de los derechos.
La rectora de la UNA, Sandra León, resaltó que este programa no solo genera conocimiento a partir del trabajo conjunto entre la parte académica y la sociedad sobre problemas reales, sino que contribuye a la igualdad de oportunidades de acceso a la justicia, con lo que se beneficia a los sectores más vulnerables de la sociedad.