Buenas prácticas para la gestión de la deuda pública costarricense
Manuel Zúñiga G. (*) / Para CAMPUSmazuga5@gmail.com
En aras de evitar crisis financieras originadas por imprudencias en la gestión de las emisiones a cargo de los estados, se han apuntado, a escala internacional, una serie de buenas prácticas que consolidan una correcta gestión de las obligaciones públicas. Las autoridades responsables de administrar la deuda pública deben mantener bajo permanente control y observación el comportamiento de las obligaciones contraídas. Asimismo, una prudente gestión de endeudamiento protege al sistema económico y financiero de vulnerabilidades internas y externas.
Para el caso costarricense y apelando a la importancia en cuanto a la generación y seguimiento de los indicadores, uno de estos es la razón de la deuda total respecto del PIB, tanto del Sector Público Global como del Gobierno Central, se ubicaron al cierre del segundo cuatrimestre del 2014, en 56,1% y 37,9%, respectivamente. En ese orden, superiores en 3,5 y 2,5 puntos porcentuales respecto al registrado en agosto del 2013.
Algunas buenas prácticas
Coordinación. En procura de una mejor coordinación, se debe establecer la obligación para las entidades públicas y órganos del Estado de entregar información económica y financiera al Ministerio de Hacienda, la Autoridad Presupuestaria, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Costa Rica y a diversos órganos reguladores, con el fin de contar con información de primera mano que permita conocer el estado de la situación y tomar las decisiones que sean pertinentes, consistente con el principio de Estado unitario. Una coordinación adecuada repele la asunción de riesgos abusivos e innecesarios, contribuyendo a su vez, a minimizar las posibilidades de que las emisiones públicas sean declaradas en situación de mora o de impago (default).
Transparencia. Existen varios elementos que contribuyen a este tópico, se citan dos. En primer término, la efectividad en cuanto al logro de los objetivos se puede facilitar si se declaran públicamente y si se legitima el compromiso gubernamental de alcanzarlos. En segundo término, cuantas más instituciones se comprometan con la transparencia, más se verá fortalecida la rendición de cuentas. Además, debe prevalecer el gobierno corporativo, contemplando un código de conducta y lineamientos que regulen los conflictos de interés. La infraestructura organizacional de las negociaciones bursátiles debe ser lo más clara posible, para así minimizar la materialización del riesgo operativo.
Del mismo modo, los objetivos de la administración de la deuda, las mediciones de los costos y los riesgos, deben ser declarados públicamente. Esto contribuye a mantener la confianza en situaciones de inestabilidad financiera. Por ejemplo, un informe periódico podría contener un balance de activos y pasivos estructurados por plazos, moneda, acreedores, pasivos contingentes, el monto de las garantías que respalda el gobierno central, entre otros.
Riesgos. La administración de los riesgos es imperativa en los mercados de deuda modernos. La disposición pública de reportes acerca del comportamiento de los riesgos contribuye no solo con la transparencia del mercado, sino también, con el aporte de insumos informativos para la toma de decisiones. La calificadora Moody´s Investors Service anunció el martes 16 de setiembre de 2014 que rebajó la calificación de bonos del Gobierno de Costa Rica a Ba1 desde Baa3 con una perspectiva estable. Esto por cuanto el déficit fiscal es impulsado por el crecimiento del gasto y se espera que alcance el 5,8% del PIB en 2014 y 6,7% en el 2015. Además, las últimas administraciones han enfrentado dificultades dentro del Congreso con la aprobación de legislación fiscal.
La Contraloría General de la República identificó un riesgo de insostenibilidad financiera que está siendo exportado a otros ámbitos del sector público, en virtud de una mayor dependencia de las transferencias provenientes del presupuesto de la República, del incremento sostenido en el gasto de las instituciones públicas (particularmente en el gasto corriente), y de un limitado crecimiento en los ingresos tributarios, de las cargas sociales y de las tarifas públicas, que no compensan el incremento de los gastos.
Mercados de negociación. Para este año 2015, las finanzas públicas costarricenses enfrentarán en el marco de los mercados de negociación algunos acontecimientos tales como: primero la cancelación de intereses ha subido de peso dentro del plan de gastos desde el 2013 y para el 2015 representaría un 11,6%, con una tendencia creciente en los últimos años. Solo en intereses, el Ministerio de Hacienda tiene programado un pago de ¢921.358 millones, cantidad que es 24% más alta con respecto al presupuesto aprobado del año 2013. Y segundo, la carencia de recursos obliga al fisco a buscar en otras fuentes de financiamiento diferentes de los impuestos (ingresos corrientes). Una de las vías es la emisión de bonos locales. También está la colocación de títulos soberanos (eurobonos) y los préstamos en el exterior.
Asimismo, los mercados deben conocer y monitorear algunos indicadores tales como las razones deuda de corto plazo a reservas; deuda externa a exportaciones; deuda externa a producto interno bruto; promedio de la tasa de interés ligada a la deuda externa y la deuda en moneda extranjera a deuda total. El seguimiento de estos indicadores contribuye a detectar y corregir tendencias inadecuadas que faciliten la toma de decisiones, no solo de los inversionistas sino también de los gestores de deuda pública.
(*) Economista, Programa Estudios Fiscales, Escuela de Economía, UNA.