Precariedad golpea a mujer nicaragüense
Johnny Núñez/CAMPUSjnunez@una.cr
El paso fronterizo de Peñas Blancas, en el norte de Costa Rica, registra cada año un alto ingreso de nicaragüenses a suelo tico. |
Así se desprende de la investigación “Precariedad laboral con rostro femenino en Costa Rica y Nicaragua”, realizada por los académicos de la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA), Guisselle Alvarado y Alex Dávila, cuyo objetivo consistió en mostrar la realidad y vulnerabilidad de la población femenina que ingresa al país de forma ilegal.
Según los investigadores, se estima en 500 mil las mujeres ilegales que ingresan cada año a Costa Rica, cantidad que representa alrededor del 52% de la población migrante nicaragüense, que generalmente proviene de Rivas, Chinandega, Granada, San Carlos, San Juan, Managua y León.
Riesgo y beneficio
Con respecto a los resultados, Alvarado comentó que aunado a la condición de ilegalidad y la carencia de formación profesional, el estudio arrojó que las nicaragüenses se exponen a contrataciones precarias, jornadas laborales mayores a las ocho horas, falta de seguridad social, ausencia del pago de pólizas por parte de los patronos y fraccionamiento de la jornada laboral, entre otros.
Agregó que, ya en el país, son contratadas en labores agrícolas, cocineras en fondas o comedores que se instalan para la atención de los peones agrícolas; en empresas manufactureras, en labores de recolección y en empaque de frutas y tubérculos o en el comercio, en acomodo y empaque en los supermercados y, una destacada mayoría, en oficios domésticos en la capital.
“Si bien, el salario mínimo que percibe una empleada doméstica es de ?139.500 colones mensuales (unos $280 dólares); la vida en Costa Rica es muy cara, máxime si tienen que enviar dinero a sus hijos y familiares en Nicaragua, esto si reciben su paga, apegada a la remuneración establecida en la legislación vigente”, recalcó Alvarado.
Además, esta población presenta un panorama muy deficitario, ya que no tiene acceso igualitario a los servicios básicos públicos (salud, educación, vivienda, seguridad social) respecto a la población nacional.
Dicho estudio recomienda que los gobiernos de ambos países, mediante las Direcciones de Migración y Extranjería, Ministerios de Trabajo y las instituciones de apoyo a las mujeres, visibilicen la incorporación laboral de estas en la migración laboral regional e incluir la perspectiva de género dentro de las agendas gubernamentales.