Sindicatos alertan, Comex se defiende
Acuerdo Tisa despierta reacciones
Johan Espinoza Rojas para CAMPUSjohanespinozarojas@gmail.com
Se autonombran “Auténticos buenos amigos de los servicios” y según Wikileaks su tratado “pretende crear un régimen legal internacional para desregular y privatizar el suministro de servicios”.
Este grupo de países proponen las negociaciones suscitadas debido a que les ha parecido que el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), firmado a mediados de los 90, se ha quedado corto en esta material y sigue limitando a las naciones participantes.
De hecho, en el Examen de Políticas Comerciales, realizado en 2001, por la Organización Mundial del Comercio (OMC) a Costa Rica, y que hace referencia a la Ronda de Uruguay y sus acuerdos, se menciona que “para mejorar aún más la distribución de recursos sería menester dar un trato más uniforme a todas las actividades, mejorar la competencia interna y abordar las insuficiencias existentes en el sector de servicios”. Además, agrega que “los compromisos de Costa Rica en el marco del AGCS son relativamente limitados; en general, en lo que respecta a los sectores incluidos en su Lista, sólo se consolidaron el acceso a los mercados y el trato nacional para el consumo en el extranjero”.
Sin embargo, en comparación con el Examen de Políticas Comerciales de 2013, se señala que esta situación ha cambiado: “Costa Rica ha profundizado la liberalización de su régimen de comercio exterior, primordialmente a través de su participación en acuerdos comerciales preferenciales, al tiempo que ha mantenido una política proactiva de atracción de inversiones”. No obstante, este mismo informe menciona que el país sigue manteniendo algunas restricciones a la inversión extranjera directa en sectores como: energía, minería y pesca; y en algunos sectores de servicios: comunicaciones, publicidad, transporte, ciertos servicios profesionales, y algunos servicios de esparcimiento y deportivos
Ante las supuestas limitaciones subrayadas por los países participantes es que se busca la aprobación del Tisa, el cual, de acuerdo con la Unión Europea, “apunta a la apertura de los mercados y mejora de las normas en áreas como la concesión de licencias, los servicios financieros, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, el transporte marítimo, y los profesionales en el extranjero temporalmente para prestar sus servicios”.
Conforme a documentos informativos del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Costa Rica persigue tres objetivos específicos con este acuerdo: 1) Buscar mejores formas de insertarse a la economía mundial a través del comercio de servicios, 2) Continuar expandiendo las oportunidades de comercio e inversión para el país y 3) Actualizar las disciplinas multilaterales.
En una comunicación electrónica con CAMPUS, Comex aclaró que “el Gobierno de la República ha dado continuidad a la participación de Costa Rica en la iniciativa del Tisa, pues es parte de la estrategia integral que se ha diseñado para que, a través de la política pública, se continúen fortaleciendo las exportaciones de servicios costarricenses y las oportunidades que de ello derivan para el país.”
Movimiento sindical en contra
Algunas organizaciones sociales y sindicales regionales, como la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la organización Nuestro Mundo no Está en Venta, han solicitado públicamente a los gobiernos participantes del Acuerdo que den a conocer a sus países los alcances reales del Tisa, pero según dichos entes sólo han tenido la respuesta de que es un simple tratado para fortalecer las condiciones que promuevan la comercialización de servicios.
En una nota del 11 de agosto de 2015 enviada al presidente Luis Guillermo Solís, el Colectivo Patriótico Costa Rica Sí, movimiento compuesto por varias organizaciones sindicales, solicitan al mandatario transparencia sobre este acuerdo y, además, que se abra un proceso de consulta democrático con las organizaciones sindicales, sociales y académicas del país con el “fin de informar sobre los alcances, así como de compromisos contraídos con el Tisa, a efecto de poder determinar sus posibles implicaciones”.
Estas organizaciones reclaman que el Tisa “es un proyecto para consolidar la liberalización, privatización y desregularización de los servicios en todos los países participantes. Esto permitirá que las transnacionales tengan más control de los servicios públicos y privados”, argumentó Deborah James, representante del movimiento Nuestro Mundo no Está en Venta.
Otro de los puntos que preocupa a estos grupos es que, de acuerdo con el análisis realizado por Wikileaks, estarían entregando su derecho de ofrecer un mejor trato a los proveedores locales de servicios, en donde entran sectores tales como la educación, la salud, electricidad y sanidad.
“Todos los servicios públicos en nuestro país, pasando por el sector del agua y saneamiento; por la energía, la salud, la educación, entre otros, serían objeto de comercio y también de inversiones privadas. Para nosotros eso es un inconveniente”, expresó Óscar Rodríguez, representante de la ISP.
Sobre la posibilidad de comercialización de los servicios públicos, el mandatario Luis Guillermo Solís le aclaró a Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), en una nota con fecha del 17 de junio de 2015, que “…existe consenso entre los países participantes en la negociación, sobre disposiciones específicas en el Acuerdo que permiten salvaguardar la capacidad del Estado, de conformidad con sus potestades soberanas, de ofrecer servicios públicos, así como de aquellos que sean esenciales para su población”.
Comex se defiende
Por su parte el Comex ha rechazado toda acusación sobre secretismo en la negociaciones y más bien alegan que, pese a que los textos de negociación del Tisa son confidenciales, han hecho todo lo posible para poner a disposición del público la información sobre el acuerdo.
“Comex ha realizado un importante esfuerzo por favorecer la participación activa de la ciudadanía en el proceso de negociación del Tisa a través de distintos medios. En particular, se han realizado tres procesos de consulta pública, consultas en distintas regiones del país y reuniones informativas después de cada ronda de negociación”, informó la Oficina de Prensa de dicho ministerio.
Pese a este esfuerzo, Comex ha realizado la invitación a estas actividades solamente por medio de redes sociales y correos electrónicos para aquellas personas que anteriormente se han suscrito. Según explicó la institución, sí se han realizado invitaciones directas, pero dirigidas a las cámaras empresariales y colegios profesionales; otros grupos no han sido convocados.