Ticos preocupados por el bienestar de los animales

José Andrés Díaz González (*) / para CAMPUS
jose.diaz.gonzalez@una.cr

Solo el 46% de la población indica estar de acuerdo con que se prohíba los llamados "toros a la tica".

El 97% de la población costarricense manifiesta que es importante que el país cuente con una Ley de Bienestar Animal; así lo muestran la encuesta "Percepciones sobre aspectos de la coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica", realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), en septiembre del 2016.

Este interés de la población costarricense por contar con marco jurídico que proteja el bienestar y derechos de los animales no es nuevo; en una encuesta realizada por el Idespo, en el 2015, el 93% de la población indicaba estar de acuerdo con la aprobación de la Ley de Bienestar Animal. Por lo tanto, se puede apreciar que hay una tendencia muy fuerte, y prácticamente unánime, dentro de la población costarricense sobre la necesidad de adoptar medidas institucionales para salvaguardar el bienestar de la población animal.

¿Cómo se posiciona la población ante el maltrato animal?

La encuesta también indagó sobre el apoyo o rechazo de la población hacia la realización de actividades en la que se ponga en riesgo el bienestar de los animales. Así, el 93% de las personas encuestadas están de acuerdo con que se castigue el abandono o maltrato de mascotas; asimismo, 88% indica que no debe permitirse la realización de peleas de perros y de gallos.

Sin embargo, el panorama varía cuando se consulta sobre actividades que se han tendido a presentar como "espectáculos públicos", a pesar de que su realización implica un serio riesgo tanto para los animales como para las personas que participan en estos. Este es el caso de los llamados "toros a la tica", ya que solo el 46% de la población indica estar de acuerdo con que se prohíba dicha actividad. De igual forma, en el caso de los "topes", el 68% expresa estar de acuerdo con que se mantenga su realización en el país.

Es necesario indagar más para poder comprender las diferencias entre las percepciones señaladas anteriormente; sin embargo, es posible esbozar algunas hipótesis. La primera, que la discusión política, así como el seguimiento que desde la prensa se ha realizado sobre el tema, ha posicionado ante la opinión pública que los derechos que se deben salvaguardar son principalmente los de los animales domésticos o mascotas.

Una segunda hipótesis, es que las personas no visualizan, se percatan o conscientemente ignoran el maltrato que sufren los animales en los "topes" y "toros a la tica", ya que lo consideran como actos "tradicionales". Sobre esta última hipótesis, es necesario indicar que si bien el mayor segmento de la población encuestada manifiesta estar de acuerdo con estas actividades, el grupo que indica estar en desacuerdo es bastante importante, lo cual podría sugerir que cada vez son menos los y las costarricenses que observan esas actividades como una tradición que deba mantenerse.

¿Qué se conoce sobre la Ley de Bienestar Animal?

Si bien prácticamente la totalidad de la población encuestada considera que es importante que el país cuente con una Ley de Bienestar Animal, solo un 39% indicó conocer el proyecto ley que se discutía en ese momento en la Asamblea Legislativa.

Al grupo de personas que indicó conocer dicho proyecto, se le hizo una serie de preguntas para determinar cuál era su grado de conocimiento sobre este. Los resultados obtenidos muestran un significativo desconocimiento sobre el contenido del proyecto de ley. Casi un 33% cree que con la aprobación de dicha ley no se podrán exterminar plagas (cucarachas, pulgas, ratones, etc.); un 31% indicó que no será posible sacrificar animales para el consumo humano; un poco más del 33% manifestó que no se podrán realizar topes y cabalgatas; casi un 41% consideró que la ley no permitirá la realización de "toros a la tica"; y para un 60% no se podrán realizar experimentos con animales para fines médicos. Se debe aclarar que ninguna de las acciones señaladas quedaría prohibida con la aprobación de la Ley de Bienestar Animal.

Por lo tanto, el interés por contar con una Ley de Bienestar Animal, no provoca en la población un deseo de estar mejor informada sobre la discusión que en la Asamblea Legislativa se da sobre este tema. Es necesario indicar que este fenómeno no es exclusivo de este tema, otros trabajos realizados por el Idespo muestran que los costarricenses tienden a tomar una actitud delegativa y pasiva ante los problemas públicos; es decir, son proclives a demandas soluciones y acciones, pero sin interesarse en participar o informase de manera directa sobre estos.

El difícil camino por la Ley de Bienestar Animal

El tema sobre el maltrato animal y la necesidad de contar con una legislación que proteja a los animales lleva tiempo en la agenda pública costarricense. Ha sido impulsado por diversos grupos de la sociedad civil, incluso fue una de las principales propuestas de campañas del actual presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y como se ha indicado en el presente texto, cuenta con el respaldo de prácticamente la totalidad de la población del país.

Sin embargo, ha existido una serie de dificultades para la aprobación de esta legislación. En primer lugar, durante los primeros dos años del actual Gobierno no fue un tema prioritario en su agenda; en segundo lugar, ha encontrado la oposición de diversos partidos políticos y grupos de interés, los cuales buscan evitar que se sancionen actividades de maltrato animal debido a que son considerados por estos como "tradiciones" que deben respetarse. Por último, la Sala Constitucional determinó que el proyecto aprobado, en primer debate, por el Congreso en julio del 2016, tenía roces de inconstitucionalidad, relacionados con la proporcionalidad de algunas penas, lo cual obligó a que el proyecto regresara a discusión legislativa.

Actualmente, el proyecto de la Ley de Bienestar Animal ha sido revisado y vuelto a aprobar, en primer debate, por la Asamblea Legislativa; queda a la espera por su aprobación en segundo debate. Aunque todavía hay grupos políticos y de presión manifestándose en contra de dicha ley, ésta muestra que cuando la sociedad se organiza y toma una posición sobre un tema es posible promover que las instituciones de gobierno den una respuesta a sus demandas.