Crisis de las pensiones del IVM en Costa Rica

Idalia Alpízar Jiménez (*) idalia.alpizar.jimenez@una.cr

Las pensiones, como derecho humano, surgieron en Costa Rica mucho antes de la creación de la CCSS; el primer fondo de pensiones se creó en 1886, y la primera Ley de pensiones, en 1935. El régimen de pensiones del IVM entró en operación en el año 1947 y actualmente esta en riesgo de desaparecer.

A lo largo de todo este tiempo, el sistema ha experimentado una serie de reformas, que de una u otra forma han impactado negativamente el fondo de pensiones, como lo fue las reformas del 2005 que incluyeron la modalidad de pensión anticipada y que se convirtió en uno de los factores que incremento el gasto en pensiones.

Últimamente, el régimen ha dado muestras de insostenibilidad, muchos factores han influido, entre los cuales destacan el impacto de las políticas neoliberales, los problemas de gestión y el envejecimiento demográfico. El régimen de pensiones se formuló en una época donde las condiciones demográficas eran muy diferentes a las actuales, pero el fenómeno del envejecimiento ha tomado por sorpresa a las entidades administradoras de las pensiones, quienes no alcanzaron a diseñar medidas correctivas adecuadas, para evitar el colapso de una pensión digna. A pesar de las advertencias que venían haciendo Nathal en 2007, la SUPEN, a través de su superintendente de ese momento (2014) el Dr. Edgar Robles, y Melinsky en el 2015, la CCSS las ignoró.

Ante las evidencias del colapso de las pensiones, demostrado por el estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, que indican que entre el año 2027 al 2034 se daría la quiebra total del sistema, al agotarse las reservas de pensiones, se han hecho una serie de recomendaciones; entre ellas el pensionarse a los 70 años con un monto del 40%, aumentar el porcentaje de cotización del 9.16% al 26%, o tomar el dinero acumulado en el Régimen Obligatorio de Pensiones y del Fondo de capitalización Laboral. Si bien se requieren medidas para enfrentar el problema, lo cierto es que éstas no deberían significar un aumento de las cargas sociales, ni atentar contra nuestros ahorros, ni generar un incremento del desempleo. Aunque el régimen está en posibilidades de colapsar, todas las medidas que se proponen hasta el momento rondan en torno a precarizar el nivel de vida de la clase trabajadora.

Es fundamental asumir con mayor responsabilidad el reto que se nos presenta, que las decisiones sean consultadas a los sectores involucrados, que exista una adecuada y trasparente rendición de cuentas, un mayor profesionalismo en la gestión actuarial y un mayor respeto por los derechos humanos.

A pesar de que la CCSS insista en tratar de minimizar el problema, lo cierto del caso es que no podemos seguir callando, ocultando y dejando en manos de los mismos, la toma de decisiones. Que ya de por sí, debían haberse tomado con suficiente antelación y de forma eficiente, ante un hecho evidente, como es el colapso del derecho a una pensión digna.

(*) Gerontóloga-historiadora. Profesora CEG-UNA.