El tránsito hacia una universidad abierta

Víctor J. Barrantes C.

Gobierno abierto no es un tema novedoso en la UNA. Desde agosto de 2016, se dieron los primeros esfuerzos en la Institución por abordar este tema, primero de una forma parcial, con la comunicación y divulgación permanente de estadísticas del quehacer universitario y, más tarde, ese mismo año, con la conformación de una comisión institucional, que se dedicó, al principio, a diseñar y actualizar el sitio web UNA-Transparente.

Este esfuerzo inicial sirvió para que la UNA pudiera integrarse al Índice de Transparencia en el Sector Público (ITSP), con la firma—en junio de 2017—de una carta de interés con la Defensoría de los Habitantes. La UNA se comprometió a unir esfuerzos alrededor del tema de la transparencia y garantizar el derecho humano y constitucional de acceso a la información que tienen las personas. Esta acción es congruente con el cumplimiento del principio de transparencia establecido en el Estatuto Orgánico.

Como resultado de esta estrategia la UNA se ubicó, en el 2018, en la sétima posición del ITSP, entre 254 instituciones evaluadas, y avanzó 17 posiciones con respecto al año anterior. Además, fue la primera entre las instituciones autónomas y semiautónomas. En este 2019 la UNA escaló un puesto más; ahora se ubica sexta en el índice, es segunda entre las instituciones autónomas y mejoró ostensiblemente la puntación de 80.20 en 2018, a 91.36, este año.

El gobierno abierto es un nueva forma de gobernanza que viene a repensar la reforma del Estado y la modernización de la administración pública, mediante la articulación de las iniciativas de transparencia, participación ciudadana y colaboración de diversos actores para la co-creación de valor público. Esta concepción, que se empezó a popularizar en el mundo de la computación, con la creación de software de código abierto—sin las restricciones que imponían a las licencias las empresas dedicadas a la venta de estos bienes—se ha ampliado a otras áreas y ha ido permeando a los gobiernos, instituciones y ciudadanía de diferentes países.

Soporte legal

En el caso costarricense, el gobierno abierto encuentra sustento en tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en setiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En lo interno, el país dispone de múltiples normas jurídicas y jurisprudencia, que establecen, entre otros, los derechos de petición y acceso a la información pública, el de difundir esa información, la obligatoriedad de las instituciones de atender el derecho de petición de los ciudadanos, la protección ciudadana del exceso de requisitos y trámites administrativos y la protección de la persona frente al tratamiento de datos personales.

Adicionalmente, Costa Rica se ha integrado o ha emitido decretos que favorecen la creación de un estado abierto. Desde 2012, suscribió la iniciativa multilateral Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), estableció la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado transparente en su Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, creó la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto mediante decreto ejecutivo en abril de 2015, y suscribió, entre los poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y el Tribunal Supremo de Elecciones, la declaración de un Estado Abierto, en noviembre de 2015. Adicionalmente, se emitieron decretos para declarar de interés público la Estrategia Nacional por un Gobierno Abierto 2015-2018, para insturir a las instituciones a que adopten las acciones necesarias para garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano de acceso a la información pública y para que los datos de carácter público se pongan a disposición de la población como datos abiertos.

Sobre la transparencia, la rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y nacional y la participación democrática en la UNA, son especialmente vinculantes para la insittuicón el Plan Nacional de la Educación Superior Estatal 2016-2020 (Planes), el Estatuto Orgánico y el Plan de Mediano Plazo (2017-2021), el cual establece el “Fortalecimiento de la gestión universitaria con una perspectiva de gobierno abierto”.

Lo que sigue

Desde el mes de setiembre del presente año, la Comisión Institucional de Gobierno Abierto (Ciga) sufrió cambios en su conformación y en adelante se dedicará a liderar las acciones estratégicas institucionales para contar, en el año 2021, con una propuesta de modelo de Universidad Abierta, tal y como está planteado en el Plan de Mediano Plazo 2017-2021. Esta propuesta deberá precisar la vinculación de las iniciativas de dicho plan y los planes operativos anuales con el paradigma de gobierno abierto y revisar su concordancia con los parámetros internacionales en esta materia.

La comisión quedó integrada por representantes del Consejo Académico, Consejo Universitario, de la Federación de Estudiantes, de Rectoría, del Área de Planificación, de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, de la sociedad civil (aún por nombrar) y cuenta con la asesoría permanente de cinco oficinas estratégicas.

La propuesta de modelo deberá valorar las oportunidades de articulación con otros sistemas existentes en la institución, siempre en resguardo del propio modelo y consecuentes con el marco conceptual de gobierno abierto. La Ciga debe elaborar y presentar a la Rectoría un plan de trabajo a finales de este año, que contemple las acciones a seguir hasta el final del primer semestre del 2021.

Mientras tanto, el sitio web UNA-TRANSPARENTE se mantiene de forma permanente, para lo cual se han designado como responsables a las oficinas de Relaciones Públicas, Comunicación, Dtics, Archivo Institucional y Asesoría Jurídica, con el concurso de la red institucional de proveedores de información. Además de capacitar las instancias proveedoras de información, los responsables del sitio también deberán conceptualizar y desarrollar el portal de datos abiertos que garantice el acceso, uso, reutilización y visualización de los datos, entre otras funciones.