Microempresas rurales
¡Grandes aportes!, pero ¿incorporadas por las políticas?
Rafael Díaz/ Donald Miranda / Vinicio SandíCinpe-UNA
Datos del censo 2011 indican que la población costarricense se localiza mayormente en las zonas urbanas y en menor medida en la zona rural. A pesar de que el porcentaje de personas que viven en las zonas rurales es menor, la incidencia de la pobreza extrema y total y de desempleo, es mayor entre los hogares rurales. Según ENAHO, la pobreza extrema afectó a un 10,6% de los hogares rurales, mientras que a 5,2% los hogares urbanos, a junio del 2014. Una alternativa al desempleo en esta zona lo constituyen las microempresas rurales, por su importancia como agente dinamizador de la economía local.
En ese sentido, las mipymes han atraído una creciente atención de las políticas. Se les ha abordado, ya sea para incorporarlas en los procesos de exportación, ante la notable falta de encadenamientos con la producción local, como en la perspectiva del desarrollo de emprendimientos. Sin embargo, al bajar en escalas al nivel microempresarial, tenemos una legión de ellas, con recursos precarios, en contextos muy locales. Este es el caso de las microempresas rurales, que en el contexto de la nueva ruralidad, no necesariamente están ligadas a la agricultura, sino también en la elaboración de productos para el consumo y proveyendo servicios.
Las políticas prediseñan las microempresas con características estandarizadas. Son objeto de política si tienen capacidad de crecer y vincularse a la lógica exportadora. Dejan de lado la precariedad de sus recursos, y la dimensión de su actividad económica, más de corte local. También se les considera con un alto grado de empresariedad, como si en los genes de todo ser humano hubiese un empresario. Por lo tanto, enfoques de tratamiento de corte individual y no de integración, sea productiva o laboral, se quedan cortos.
Junto a ello tenemos un abordaje más facial, en el que lo central es la formalización de las microempresas, para superar la barrera de acceso a los apoyos proveídos por las políticas de soporte al sector. Sin embargo, no se atienden realmente las barreras, ante la evidencia del desbalance entre los beneficios de la formalización frente a la visibilidad que les da ante instituciones gubernamentales.
En consecuencia, desarrollar procesos de inclusión productiva y social de las microempresas rurales, pasa por entenderlas como instancias productivas, donde predomina el refugio frente a falta de oportunidades, ligadas con desempleo, bajo nivel educativo y de competencias laborales. Hay que reconocerlas en su diversidad, de forma que el soporte distinga las condiciones para que la promoción productiva tenga sentido, y cuando el soporte tiene un enfoque de política social asistencial. Sin obviar la importancia a la economía local para su desarrollo. Pues por excepción, estas actividades llegarán a encadenarse en dinámicas de proveedores, propias de otras dimensiones de pequeñas y medianas empresas.