Pez león: amenaza en el Caribe

Gerardo Zamora Bolaños / CAMPUS
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El pez león es un depredador que se reproduce rápidamente y utiliza diferentes formas para alimentarse como el camuflaje, el movimiento estático, el acorralamiento de presas o la emboscada.

Comen peces, langostas, crustáceos, y deterioran ecosistemas tan importantes como los arrecifes coralinos del Caribe costarricense, con lo cual afectan la economía local—pesca y turismo—de comunidades como Cahuita y Manzanillo: es el pez león, una especie invasora, originaria del Océano Índico y el Pacífico Occidental.

Para combatirlo, en abril del 2016 el gobierno de la República creó una Comisión interinstitucional, la cual sesionó el 19 de junio anterior en la Universidad Nacional (UNA), en presencia de Haydeé Rodríguez, la actual viceministra de Agua, Mares, Costas y Humedales. “Tenemos varias líneas de trabajo: por un lado los programas de educación ambiental en algunas escuelas de la zona, las capacitaciones que impartimos a pescadores artesanales, la investigación marina para generar herramientas de control sobre las poblaciones de pez león, así como reglamentos y legislación importante”, explicó Liliana Piedra, académica de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA y miembro de dicho grupo.

La Comisión Nacional para el Manejo y Control del Pez León es un órgano colegiado de carácter permanente. Es la máxima entidad de coordinación de las acciones para combatir y aprovechar esta especie, tareas que fueron declaradas de interés público y nacional. “Desde la UNA y como integrantes de esta comisión, aportamos el trabajo de campo, la investigación e información científica necesaria para la toma de decisiones”, añadió Piedra.

La Comisión está conformada por instituciones públicas como el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Sistema Nacional de Áreas de conservación (Sinac), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Ifam), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y las universidades públicas del país, entre ellas la UNA. Además, está integrada por representantes de organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunales de las zonas afectadas y empresa privada.

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    Setiembre 2018 - Año XXXI N° 301

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