Fotos: Programa de Fortalecieminto Institucional UNA-BCIE

TLC impactará servicios básicos • El TLC tiene implicaciones sobre servicios vitales como banca, seguros, transporte de personas, animales y objetos, telecomunicaciones, correos, salud, turismo, adaptación social, distribución y tratamiento de agua, educación y electricidad. (Extracto del análisis del economista Henry Mora durante la conferencia "El Capítulo 11 del TLC (Servicios Transfronterizos) y su posible impacto en los Servicios Sociales", realizado el 22 de julio, en el auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional). El objetivo último del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio EU-CA es el intento de profundizar los procesos de liberalización y desregulación económica (servicios) que se impusieron en la región después de la denominada crisis de la deuda externa. En el caso de Costa Rica se da la estocada a los servicios suministrados por el ICE y por el INS, que de ahora en adelante serán privatizados (aunque estas instituciones se mantengan como empresas propiedad del Estado). Éstos dejan de ser "servicios suministrados en el ejercicio de facultades gubernamentales". En estos dos casos (seguros y telecomunicaciones), queda  claro que el TLC se involucra directamente en las actividades y regulación de servicios que se suministran internamente y bajo la soberanía institucional costarricense, estableciendo plazos e imponiendo leyes para la apertura. Aquí se hace evidente el carácter "invasor" del TLC. El principio de "liberalización progresiva", que al menos reconoce las diferencias de capacidades entre países para liberalizar sus mercados, es burlado en el TLC, ya que en el Capítulo 10 (Inversión) no se incluye nada semejante, ni hay un trato especial y diferenciado para los países centroamericanos, excepto algunos aspectos muy puntuales relacionados con plazos de acatamiento y umbrales. Esta "progresividad" se ha definido, supuestamente, para los servicios de seguros y telecomunicaciones, pero en ambos casos se trata en realidad de una apertura atropellada. Servicios vitales en riesgo En servicios sociales vitales como salud y educación no se resguarda ninguna progresividad cuando éstos son suministrados por empresas privadas. La aplicación del acuerdo se orienta a restringir o modificar todas las acciones gubernamentales relativas a su institucionalidad que supuestamente restringen "innecesariamente" el comercio/inversión extranjera en servicios, incluyendo las medidas tomadas por autoridades locales. Quedan ya muy pocos servicios públicos que cumplan con la condición de ser "servicios suministrados en el ejercicio de facultades gubernamentales" (las funciones de un Banco Central o de un Ministerio de Hacienda en materia de recaudación de impuestos, por ejemplo), pero este no es el caso de la inmensa mayoría de los servicios públicos en las áreas de salud, educación, vivienda, suministro de agua potable, entre otros. Esto abre un portillo para que los inversionistas extranjeros impugnen políticas y programas de gobierno que, orientados a mejorar la cobertura o la calidad en el suministro de un servicio público, afecten las ganancias de un inversionista privado en el mismo ramo (expropiación indirecta, anulación o menoscabo). Mercantilización En el artículo 11.4 se eliminan ciertas opciones de políticas que tienen los gobiernos para regular los servicios, disminuyendo absoluta e incondicionalmente su autoridad democrática. En síntesis, en el TLC (cap. 10 y 11), la inversión extranjera y las empresas transnacionales encontrarán el mejor de los mundos posibles: el trato nacional y el acceso a mercados como obligaciones generales aplicables a todos los países comprometidos, a todos los subsectores y proveedores de servicios y a todas las formas de suministro. Este tipo de regulación a favor de las empresas supone la mercantilización de los servicios, su transformación en mercancías. Solo así podrán operar las fuerzas del mercado y la pretendida autoregulación en el sector servicios. En este como en otros campos, el Tratado renuncia a introducir expresamente disposiciones sobre trato especial y diferenciado para las economías centroamericanas. Con el TLC, los servicios gubernamentales ofrecidos de manera comercial quedarían sujetos a las disposiciones del TLC, como también los brindados en competencia con otros proveedores. Hay servicios que son suministrados exclusivamente por el Estado (seguridad social obligatoria, por ejemplo) pero hay muchos que son suministrados de manera mixta (Estado y sector privado), como la educación, la salud, la vivienda y la seguridad ciudadana, entre otros. Siendo así, podría argumentarse que, en estos casos, el servicio público ofrecido por el Estado es de carácter comercial (Correos de Costa Rica, RECOPE, FANAL) o compite con otros proveedores privados (educación y salud públicas) y, en consecuencia, ambas áreas de suministro de servicios quedan cubiertas por el TLC. En el caso en que los servicios sean proporcionados exclusivamente por el Estado, no cabe duda que se aumentarán las presiones para que los gobiernos los privaticen o permitan la competencia del sector privado local y empresas extranjeras (FANAL, RECOPE), cuando no se privatizan  por obligación del mismo Tratado (ICE, INS). Debe tenerse presente que una vez privatizado un servicio público (aún parcialmente) deja de ser un servicio exonerado del TLC, pues no califica como "suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales". En el caso de los servicios públicos que coexisten con su suministro privado (educación, salud), es fácil interpretar que los mismos son suministrados en "condiciones de competencia", lo que los hace presa fácil de los privilegios otorgados a las empresas transnacionales en el capítulo 10 (expropiación indirecta, por ejemplo) y en el Anexo 20.2. En cuanto a la educación privada primaria y secundaria, ésta deberá competir, en igualdad de condiciones, con eventuales competidores extranjero. En general, se refuerza el principio de que la educación no es un "servicio suministrado en el ejercicio de facultades gubernamentales", por lo que se fortalece la condición de que se trata de un servicio suministrado "en condiciones de competencia". Hacia una agenda alternativa Una agenda alternativa es necesaria para: 1. Garantizar, por parte de los Estados nacionales, el derecho de los ciudadanos al acceso a los servicios básicos. En el caso que una negociación o acuerdo de libre comercio atente contra ello, los servicios deben ser excluidos de esos acuerdos. 2. Reconocer el derecho que tienen todos los gobiernos tanto para dejar fuera de las negociaciones a ciertos servicios vitales como para introducir medidas temporales de salvaguardias en algunos de ellos. 3. Reformar y fortalecer las políticas regulatorias y de competencia con el fin de ayudar a controlar de manera efectiva el comportamiento de las grandes empresas (extranjeras y nacionales, estatales y privadas) suministradoras de servicios públicos. Estas regulaciones deben salvaguardar el derecho de los Estados nacionales de mantenerse como proveedor exclusivo de servicios esenciales cuando así lo aconseje el bien común. 4. Mejorar y/o establecer una efectiva regulación nacional y hemisférica de los flujos financieros, especialmente los de tipo especulativo. 5. Los estados nacionales deben proteger los derechos de los ciudadanos y consumidores. Las leyes de protección al consumidor deben aplicarse a todos los sectores de servicios. Estas leyes deben tener preeminencia sobre cualquier acuerdo comercial. 6. Todo acuerdo de comercio/inversión y de integración debe basarse en el respeto irrestricto a la soberanía nacional y la democracia. Los principios de "trato nacional" y de "acceso al mercado" que se incorporan en las negociaciones sobre servicios, no son aceptables debido a que no hacen más que buscar el libre acceso de las empresas extranjeras a los servicios locales, restringiendo o prohibiendo las políticas gubernamentales que supuestamente distorsionan el mercado. 7. La transparencia en toda negociación es esencial. Las negociaciones de todo acuerdo comercial se llevan a cabo lejos del control público, a pesar de que la gran mayoría de los habitantes se verán afectados.

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