Protección efectiva de los derechos laborales
Carlos Cruz Meléndez (*) carlos.cruz.melendez@una.cr
Para julio de 2017 entrará en operación la Ley de Reforma Procesal Laboral, Ley Número 9343. Para la defensa de los derechos de las y los trabajadores, se está al frente del avance legal más importante después de la promulgación del Código de Trabajo en 1943. Un enorme progreso no por el contenido sustantivo de nuevos derechos sino por la posibilidad de hacer efectivos los ya reconocidos. Se trata en definitiva de hacer real en el campo laboral el precepto de una justicia pronta y cumplida.
A diferencia de las tergiversaciones que han hecho los sectores patronales más retrógrados y sus medios de comunicación de masas atacando esta mejora procedimental, la Reforma Procesal Laboral tiene una larga historia de negociación entre distintos actores, en variados escenarios y diferentes momentos, pero es válido resaltar que el contenido sustantivo del texto que llegará al Congreso se gesta fundamentalmente a lo interno del Poder Judicial como producto, precisamente, de la conciencia que adquieren los operadores judiciales de las gigantescas injusticias legales que se cometen en contra de los trabajadores.
A esta iniciativa judicial pronto se le suman los aportes y esfuerzos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Más interesante aún, esta iniciativa de ley fue negociada en diferentes momentos por los sectores más inteligentes de las cámaras patronales y organizaciones sindicales. Sin duda cada cual luchando por sus intereses, pero ambos bandos claros de lo insostenible de la grotesca violación de derechos que se padecía.
Y es así como se explica que en setiembre de 2012 con una gran mayoría (45 diputados a favor en el primer debate y 40 en el segundo debate) fuera aprobada la nueva ley en la Asamblea Legislativa.
La reacción perversa de lo más oscuro de la burguesía no se hizo esperar, comenzando la segunda etapa de la historia de esta normativa con el veto en noviembre de 2012 por parte de la entonces presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda. A partir de ese veto, la lucha por la aprobación iría y vendría entre la Asamblea Legislativa, la Casa Presidencial y la Sala Constitucional.
Fue así que, presentada como un nuevo proyecto, la Reforma Laboral Procesal fue aprobada en la Asamblea Legislativa por una amplia mayoría en diciembre de 2015 y firmada por el Presidente Luis Guillermo Solís en enero de 2016. Para mediados del próximo año y luego de casi dos décadas de gestación y gestión, una nueva y poderosa herramienta para la lucha de las y los trabajadores entrará en vigencia.
(*) Presidente Seccional ANEP - UNA.